Los “presos políticos” de la democracia española

Los “presos políticos” de la democracia española

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Fraga-Carrillo

El llamado “parlamento vasco” acaba de aprobar que se pueda caracterizar de presos políticos a quienes cumplen condena por delitos de terrorismo en las cárceles españolas.

Esto de que aquí los parlamentos puedan legislar sobre todo lo divino y lo humano y disponer impunemente de vidas y haciendas ya viene siendo costumbre inveterada en un régimen político que dio sus primeros pasos otorgando a esos mismos presos una descabellada amnistía y repartiendo abundantes subvenciones a los excombatientes del ejército rojo.

Luego, cuando el PSOE llegó al poder, se convirtió en víctimas del franquismo a delincuentes ejecutados por vulgares crímenes. O se empezó a considerar entre los que lucharon por la defensa de los valores democráticos a los brigadistas internacionales y a los bandoleros de la posguerra; demostrando así que dichos valores democráticos se entiendan a la manera de Stalin, principal inspirador de ambas iniciativas.

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Cuando los diputados se creen con capacidad para articular leyes como la de la memoria histórica –que sigue vigente, no lo olviden los complacientes votantes del Partido Popular– se crea el clima en el que un parlamento puede aplicar el calificativo de “político” a los crímenes cometidos por la banda terrorista de ultraizquierda ETA.

Pero no piensen nuestros lectores que vamos a dedicar un minuto a rebatir las opiniones de los miembros de la cámara establecida en las Vascongadas. A nosotros lo que nos indigna no es lo que diga un presunto “Parlamento vasco” sino que exista un tal parlamento. Como nos indigna que exista un “Parlamento extremeño”, “madrileño” o “cántabro”. Y en Tradición Digital no consideramos un mal menor, sino un enemigo declarado, a las fuerzas políticas que no lleven en su programa la extirpación inmediata del sistema autonómico implantado en España por la Constitución de 1978.

Y es que la “democracia” española tiene los presos políticos que se merece cuando estableció como principio que lo que califica a un delito de terrorismo o no, es la fecha en que se cometió.

 

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