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¿Contrato único?

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La Reforma Laboral que el Partido Popular realizó en febrero de 2012 reconocía en su Exposición de Motivos que la llevaba a cabo empujada por la “presión de los mercados internacionales”. No por un mandato electoral o contenido programático. Un año después, una nueva vuelta de tuerca parece cernirse en el horizonte de los trabajadores: el contrato único. Un vínculo que establecería una indemnización por tramos de antigüedad y que pretende, una vez más, “flexibilizar” la legislación social.

La realidad es que persigue un viejo objetivo: acabar con las indemnizaciones por despido, de tal forma que la contratación y la extinción resulten gratuitas al empleador, pues esta novedad acaba con el número estable de días a percibir por el trabajador en caso de despido (sea cual sea la modalidad: improcedente, objetivo o colectivo).

No en vano, el sindicato CGT ante la reforma del 2012 escribía con acierto: “La patronal y el capital financiero están imponiendo sus normas con un ataque directo a los derechos conquistados. Se está promoviendo la utilización del derecho del trabajo como fórmula de explotación ordenada de los recursos humanos. Esto supone una transformación en el modelo de relaciones laborales al pasar el derecho del trabajo de ser una herramienta protectora a convertirse en un instrumento de aplicación sistemática de los objetivos empresariales de incremento de la explotación, la extracción de esfuerzo y la gestión unilateral del empleo por parte de la patronal”

Con la precarización salarial que se fomenta, se olvida por el legislador la función esencial del trabajo que no es otra que “una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que esta exige los medios de subsistencia”.

Resulta poderosamente llamativo que el partido que, en teoría, esté recogiendo el descontento hacia los dos grandes partidos como es UPyD, se muestre partidario de esta fórmula contractual laboral. Un partido que tiene orígenes en la izquierda y que podría entenderse tendría otra concepción del mundo laboral, se muestra conforme abiertamente con los dictados de la Troika. Revelador.

Ante esta ofensiva, nadie parece lanzar una alternativa o discurso de contestación a la quinta columna que se lanza contra los derechos de los trabajadores y una concepción de la Economía que devuelva el protagonismo a las personas desposeyendo del mismo al mundo financiero.

Quienes lanzan mensajes de un salario de 1000 euros todavía siguen en la marginalidad. Pero, con todo, esa propuesta es estéril o un mero parche sino va acompañada de otra concepción de organizar y entender la producción.

No sería justa una Economia que pretendiera estar al servicio de las personas sino le otorgara a estas el lugar y función que les corresponde. La relación capital-trabajo no puede seguir igual en el siglo XXI que en el siglo XIX o XX. No puede seguir el trabajador apartado de la plusvalía que el empresario crea con sus medios de producción y con el servicio que el trabajador le proporciona. En vano se ha hecho olvidar que la indemnización por despido no era otra cosa que el pago de la plusvalía generada, a lo largo de la vida laboral, por el trabajador colaborando a generar los beneficios a la compañía y de la que no había sido partícipe

Las ultimas reformas laborales al ir reduciendo esa indemnización por despido o pretender, ahora, un nuevo contrato único por tramos, lo que pretenden es eliminar siquiera esa posibilidad de percibir esa plusvalía no pagada.

En España –y en Occidente- lo único que se socializa con el ciudadano son las perdidas. Y la crisis económica es buena muestra de ello.

Es hora de alumbrar otra concepción del trabajo y de la persona: aquella en la que el trabajador, al entrar en una Empresa sea partícipe de una bolsa –limitada en su cuantía accionarial- de las acciones de la sociedad. De tal forma que si su contrato, por la razón que sea, se extingue, perciba en razón de lo que valgan esas acciones, una compensación. Y, si permanece en la empresa, además de su salario mensual, tenga como cualquier otro accionista, su derecho a un reparto de beneficios.

Se ha de ir, resultamente, de un sindicalismo donde se permite que la plusvalía vaya a parar a los organizadores del trabajo y a los financieros, a otro donde no vaya al Estado (como sucedía en los países comunistas), sino a los trabajadores directamente, naciendo así, un sindicalismo de participación.

Que tengamos en España (y en Europa) el sindicalismo que tenemos nos haría decir que si damos por válida la lucha de clases que decía Marx, ¿no debería luchar el proletariado contra los propios sindicatos, burócratas y funcionarios en general al haberse convertido éstos en una nueva clase explotadora?.
Sin duda, otra sociedad es posible. Resignarse a esta es morir de rodillas.

Articulo de Carlos Martínez-Cava Arenas

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