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Concentración de DENAES para el viernes 6 de diciembre en Madrid

victimas_Terrorismo

La Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES, ha convocado una concentración en la Plaza de la República Dominica de Madrid para este viernes 6 de diciembre a las 17:00 horas. A esta movilización también se adhieren todas las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, incluyendo las asociaciones de violadores excarcelados y la Asociación Sandra Palo.

Las razones que ha puesto encima de la mesa la Asociación DENAES para convocar la movilización han sigo las siguientes:

1. España no tiene una regulación interna para la ejecución de las sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), como así fue reconocido por el Tribunal Supremo en su Acuerdo de Sala General de 21 de noviembre de 2013.

2. La sentencia, que afectaba a la etarra Inés del Río, se ha aplicado de forma extensiva a otros terroristas, violadores y criminales hasta llegar, a fecha de 2 de diciembre, a la cifra de 77 excarcelados.

3. La de la doctrina Parot es la primera sentencia de Estrasburgo que se cumple en menos de 24 horas. La puesta en libertad de los demás terroristas, asesinos, violadores y pederastas se ha producido, igualmente, en un contexto de inexplicable pero sospechosa urgencia.

4. No se han tomado medidas para salvaguardar la dignidad de las víctimas ni para evitar que los criminales, la inmensa mayoría sin arrepentir y no aptos para la reintegración social, vuelvan a cometer crímenes. Se ha generado así una comprensible alarma social en la sociedad española, aún más palpable en las localidades de los excarcelados.

Monumento-DENAES

5. Un pronunciamiento del Tribunal Supremo del año 2002 fijaba que las sentencias del TEDH son de naturaleza declarativa.

6. El Convenio del Estado Español con el TEDH no exige la directa ejecutividad de sus sentencias.

7. Por último, y aunque el proceso de excarcelaciones hubiera respetado los cauces procesales establecidos por el ordenamiento español, el Gobierno de España podría, como han hecho Inglaterra y otros países de igual o mayor tradición democrática que España, haber sopesado la aplicación de la sentencia o, en su defecto, haberla demorado el mayor tiempo posible.

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