Por Rafael López-Diéguez
En la práctica, resulta técnicamente inviable aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Mirando el cruce de declaraciones cruzadas entre Artur Mas y Mariano Rajoy no puedo sino volver la vista hacia nuestra infancia y recordar aquellos relatos del pastorcillo y el lobo. No me cabe duda que el muy “desagradable” presidente de la Generalidad es el lobo. Más difícil me resulta encajar en aquellos personajes al Presidente del Gobierno. No es el pastor que, para divertirse, anuncia que viene el lobo. Está más próximo a quienes no creen que el lobo exista y que realmente la amenaza es una mentira o quien está dispuesto a dejar que devore algunas ovejas para evitar que acabe con las propias.
Artur Mas está envalentonado y desafiante, entre otras razones porque las encuestas indican que, tras más de treinta años de régimen nacionalista, de entrega cultural y educativa por parte de los sucesivos gobiernos de la nación, por fin existe un segmento amplio dentro de la ciudadanía de Cataluña que asume como objetivo la independencia y porque ese segmento se amplía continuamente entre las generaciones más jóvenes. Las que, por cesión estatal, han sido adoctrinadas por el régimen nacionalista.
Prescindiendo de lo anterior, algunos tratan de justificar su desafío secesionista presentándolo como fruto de la nefasta situación económica catalana -producto de la gestión equivocada que llevan sufriendo aquellos españoles desde hace dos décadas- que le obliga a refugiarse en el independentismo para evitar ser responsabilizado de la misma. Otros afirman que todo, además de palabras, es una pose para obtener más dinero y frenar la expansión del independentismo político declarado de la izquierda catalanista. La realidad, sin embargo, es que Artur Mas no busca más que hacer efectivo el principal objetivo ideológico de todo nacionalista: asentar la nación ficticia en la realidad y conseguir edificar un estado propio.
Es evidente que Artur Mas cree que las aparentemente rotundas declaraciones de Mariano Rajoy sí son solamente una pose para la galería. Que en el fondo, llegado el momento, aprovechando el lento pasar de las hojas del calendario, como sus antecesores en la Moncloa, el presidente del gobierno negociará. No es ningún dislate afirmar que, llegado el caso, existen resquicios legales que acabarían permitiendo la consulta. Lo cree simplemente porque ha aprendido del error de Ibarreche, porque sabe que técnicamente resulta prácticamente inviable aplicar el artículo 155 de la Constitución y porque el gobierno carece de mecanismos reales para frenarle, entre otras razones porque en la agenda de Mariano Rajoy no se contempla la posibilidad de volver a insertar en el Código Penal la figura delictiva de convocar una consulta que no es sólo ilegal sino también ilegítima. Algo fundamental cuando de hecho la consulta ha sido convocada.
La Gaceta
