Seis de cada diez votantes de centroderecha no aprueban la retirada de la «ley Gallardón» que pretendía poner fin al coladero de la «ley Aído». Es más, afirman sentirse defraudados por no haber llevado la ley a las Cortes, como ponen de manifiesto los resultados de la encuesta que para LA RAZÓN ha realizado NC Report. Por su parte, sólo un 26,3 por ciento de los encuestados se ha mantenido indiferente ante la retirada de la ley de supuestos planteada por el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Mariano Rajoy confirmó el pasado 23 de septiembre que la ley no iba a llevarse al Congreso de los Diputados ante la falta de consenso que había suscitado. Sin embargo, confirmó que el Ejecutivo seguiría trabajando en una ley que se adapte a lo que demanda la mayoría. El Gobierno valoró el coste directo que en las citas electorales del próximo año tendría esta decisión. El precio a pagar, a priori, es asumible, según las encuestas electorales que maneja el partido del Gobierno. Sin embargo, algunos expertos alertan de que la salida del ex ministro de Justicia y la retirada de su reforma puede suponer un duro varapalo en término de votos. La reacción de los colectivos pro vida y su movilización ha puesto en aviso al partido del Gobierno. Y es que estos llevan desde entonces preparando una multitudinaria manifestación que tendrá lugar hoy en Madrid.
Al igual que la decisión ha motivado tensiones internas en el partido, no manifestadas de forma pública –en algunos casos–, también las ha provocado entre los votantes, que personalizan en Mariano Rajoy la retirada final de la ley. Con ello, son el 53 por ciento de los encuestados los que manifiestan que el presidente ha tomado esta decisión con fines únicamente electoralistas. Por su parte, el 35,5 por ciento piensa que su decisión no tiene nada que ver con los comicios generales de noviembre de 2015 y que sólo lo ha realizado por pura convicción política.
El segundo protagonista en este acto, Ruiz-Gallardón, sale mejor parado que el máximo dirigente popular, aunque no es capaz de superar la mitad divisoria. Así, a la pregunta de si se considera honesta la decisión del ex ministro de Justicia de presentar la ley y su posterior dimisión, el 48,2 por ciento de los encuestados cree que sí, cifra que difiere apenas dos puntos, ya que son un 46 por ciento los que piensan que no es honesto consigo mismo. Al margen de protagonistas concretos, es el propio Partido Popular el que suma un gran desgaste por exposición directa a esta polémica decisión. Por ello, a la pregunta de si cree que el PP ha ido contra sus principios al haber tomado esta decisión, el 45,9 por ciento ha respondido que sí, mientras el 41,3 por ciento muestra su negativa. Tampoco salen muy bien parados los populares con la siguiente pregunta: ¿Ve incongruente que el Gobierno mantenga una ley como la socialista que está recurrida ante el Tribunal Constitucional? El 60,7 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que sólo el 23,7 por ciento dijo que no.
Los datos tampoco son propicios para el partido del Gobierno cuando se cuestiona sobre si se cree que es insuficiente el «retoque» en la «ley Aído», que habla de plazos en lugar que de supuestos como la diseñada por Gallardón, para que las menores mayores de 16 años no puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Un 63,3 por ciento lo ve insuficiente, mientras que el 23,6 por ciento opina lo contrario.
Sin embargo, no todo son malas previsiones para el equipo de Gobierno. Los últimos datos de la encuesta minimizan en parte el coste real de los anteriores resultados. Aunque la pérdida de votos estimada por los expertos se sitúa en torno al cuarto de millón, también es cierto que parece clara la recuperación de otros tantos ciudadanos, votantes habituales del Partido Popular, que se habían alertado de la postura del partido en el Gobierno. De este modo, a la pregunta de si se habrían planteado dejar de votar al Partido Popular tras la retirada de la reforma del aborto, un 29,8 por ciento respondió afirmativamente, mientras que un 61,6 por ciento se mantendría fiel al partido que accedió de nuevo al Gobierno a finales de 2011. Con esta lectura, el desgaste electoral al que se habría expuesto Mariano Rajoy por su decisión sería de un tercio del total, una cantidad que no debería ser desdeñable ante lo ajustado de los últimos baremos presentados por el Centro de Investigaciones Sociológicas que refleja a tres fuerzas políticas fuertes, en lugar de las dos que han venido liderando el mapa político desde la democracia.
Esta previsión favorable se ve aún más clara con la pregunta de si votaría a algún otro partido que retomara las bases de la reforma promovida por Ruiz-Gallardón, como puede ser Vox o un posible partido cuyo objeto principal sea defender la vida. En este caso, los datos son aún más contundentes a favor de los populares, ya que la sangría de votos no pasaría de 1 de cada 10 votantes populares. Sin embargo, 8 de cada 10 se mantendrían fieles a los de Rajoy. Con ello, la amenaza de desmovilización de su electorado más fiel quedaría neutralizada, sin que la huida de votos pudiera tener una incidencia decisiva. Finalmente, a la cuestión de si el aborto debería ser una batalla ideológica o habría que dejarla en manos de la comunidad científica, los encuestados se manifiestan por el sentido ideológico en un 54,2 por ciento, mientras se queda en el 32,5 por ciento los que lo desean mantener en un estadio científico.
Con estos datos, al Partido Popular le espera un invierno frío en el que tiene la misión por delante de intentar recuperar el peso perdido entre su electorado y desarrollar un exhaustivo ejercicio de ingeniería política, que mida minuciosamente todos los riesgos y los probables castigos electorales. No obstante, la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtió ayer de que la ley que impedirá que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno estará lista en las próximas semanas. Con dos citas fundamentales en el horizonte del Partido Popular, el presidente Rajoy espera conseguir la reelección como jefe de Gobierno y un éxito esperanzador en autonómicas y municipales presentando los logros económicos de su Gobierno y la mejoría del mercado laboral como mejor cartel electoral, obviando la polémica suscitada sobre la retirada de la ansiada por muchos «ley Gallardón».
La ayuda a la familia debería ser prioritaria
El 78,2 por ciento de la población considera que una política de ayuda a la familia debería ser prioritaria, máxime con el invierno demográfico en el que se está sumergiendo España. Así se desprende de la encuesta encargada por LA RAZÓN a NC Report. Un porcentaje que se eleva al 82,4 por ciento entre la población de 30 a 44 años. La opinión pública comulga por tanto con la idea expresada por los diversos organismos y representantes políticos sobre que urge desarrollar un plan de choque para ayudar a las familias y fomentar, de este modo, la natalidad. Por el contrario, únicamente un 13 por ciento de los encuestados considera que la promoción de políticas públicas de ayuda a la familia no debe primar, y un 8,8 por ciento no sabe o no contesta.
Información ofrecida por Javier de Antonio en el diario La Razón.
Pues espero que cuando llegue el momento de meter el papelito en la urna, no vuelvan a votar al PP. Al menos, que tengan la «decencia» de votar a VOX, AES o LEM