“Las reclamaciones de Susana sobre la Mezquita de Córdoba no van a ser un hecho aislado”. Con estas palabras explica un dirigente del PSOE la postura del partido, y de su líder Pedro Sánchez, sobre la polémica generada por la presidenta de la Junta a cuenta de la titularidad y los derechos sobre el templo cordobés.
Y es que, según ha podido confirmar el diario ECD, el objetivo de la actual ejecutiva nacional del PSOE es poner en cuestión, en los próximos meses y hasta las próximas elecciones generales, “a quién pertenecen realmente” los bienes actuales de la Iglesia Católica.
Ya se trabaja en un registro
La ofensiva de los socialistas comenzó a finales del año pasado, cuando el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó una enmienda a la totalidad a la Ley Hipotecaria, al considenrar que la privatización del registro de propiedades propuesta por el Gobierno “consolida las inmatriculaciones de la Iglesia”.
Desde el PSOE explican que, gracias a esas inmatriculaciones, la Iglesia “ha podido inscribir, en el Registro Público de la Propiedad, una serie de bienes cuya verdadera titularidad no se ha analizado”. Todo ello, además, “sin generar con ello obligaciones tributarias por la posesión de esos bienes”.
Para realizar ese estudio que, según el PSOE, las inmatriculaciones impidieron, el partido ya trabaja en la elaboración de un registro de todos los bienes eclesiásticos.
Una vez elaborado, “se estudiará la titularidad de cada uno de ellos con el objetivo de reclamar todos aquellos que pertenezcan a los ciudadanos”.
Lo incluirán en el programa electoral
Tal y como se avanzó en estas páginas de este periódico digital, uno de los objetivos de Pedro Sánchez es revisar el Concordato con la Santa Sede para, entre otras cosas, considerar a la Iglesia como una ONG y obligarla a pagar una serie de impuestos de los que ahora queda exenta.
Esa renegociación del Concordato estará presente en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales, así como la propuesta de someter a examen todos los bienes inmuebles de la Iglesia Católica.
Además, las fuentes consultadas aseguran a este confidencial que, gracias al registro de edificios eclesiásticos, se incluirá también en el programa para las autonómicas y municipales la obligación de que todas las congregaciones tengan que pagar a las administraciones locales el IBI por cada una de sus propiedades”.
