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Unos diez profesores reciben asistencia por agresiones e insultos al día

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El presidente del sindicato de profesores ANPE ha señalado que el terrible suceso producido este lunes en el Instituto Joan Fuster de Barcelona, que se saldó con un profesor muerto a manos de un alumno de 13 años, “debe servir para reflexionar y continuar trabajando con más determinación en la prevención y la detección de la violencia en los centros escolares para que no vuelva nunca más a producirse un hecho como éste, ni los de tono menor que vienen sucediendo en los centros españoles”.

La Gaceta / Esta tragedia no tiene precedentes en España, pero se han dado casos similares en Noruega, en los países nórdicos y en EE UU. Nicolás Fernández Guisado destaca que ANPE viene “alertando desde hace años a través de El Defensor del Profesor del deterioro del clima de convivencia en los centros españoles y de que es necesario mejorar la convivencia en las aulas”.

El Defensor del Profesor es un servicio de atención inmediata y gratuita del sindicato para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Desde su puesta en marcha en 2005 han acudido a él 25.657 docentes.  Una media de 10 al día.

El 27 por ciento de los profesores que atendieron durante el curso pasado aseguraban padecer faltas de respeto de los estudiantes; el 16 por ciento, acoso y amenazas; el 14 por ciento insultos; y el 7 por ciento agresiones.

Fernández recuerda que “ANPE lleva tiempo demandado la Ley de Autoridad del docente, que de alguna manera daba un mensaje ejemplarizador a la sociedad”, e indica que hace 8 o 10 años cualquier agresión de un miembro externo, de un alumno, de un padre a un profesor estaba tipificado como una falta y han conseguido que tuviera también la consideración de delito. “Ya está recogido en la Ley de Autoridad e incluso en la modificación del Código Penal, y es un paso porque hay que otorgar una protección jurídica a los profesores, pero no es suficiente”, remacha.

El presidente de este sindicato de profesores subraya que también hay que “mejorar el clima del día a día en los centros” y pone el foco en que el 7 por ciento de los casos atendidos el año pasado eran amenazas, agresiones -sin llegar a causar lesiones-, insultos, coacciones y otras actuaciones que atentan contra la convivencia, producidas por alumnos a profesores, que “generan un clima de inseguridad y desmotivación en el profesorado”. Lo cierto es que, según la última memoria de El Defensor del Profesor, un 25 por ciento de los docentes atendidos tenía problemas para impartir las clases por la indisciplina de los alumnos, y un 10 por ciento se planteaba abandonar la profesión a causa de la conflictividad escolar.

Para combatirla ANPE exige una serie de normas fundamentales, entre las que destaca “los Decretos de convivencia, que tiene que haber en todas las comunidades educativas, así como derechos y deberes, un catálogo de conductas y la corrección de las mismas”.

Reclama amparo legal a los profesores, asistencia psicológica, y preparación para la resolución de conflictos, incluida en la formación inicial y continua de los docentes, y resalta que “un hecho como el de ayer nos tiene que llevar a pensar en la reforma de la Ley del Menor, pero no solo porque el menor del suceso de ayer quede impune”.

Explica que su sindicato tampoco quiere que se legisle ahora “en caliente y la imputabilidad que no tiene se le cambie”, pero hace hincapié en que en muchos casos que se han dado, sin llegar a esta situación tan dramática, “la figura del acosador no ha tenido una corrección adecuada entre propios alumnos”. En este sentido, informa que “en muchas ocasiones la víctima que ha sufrido el acoso es la que ha salido del centro, en vez del acosador”.

Por otro lado, advierte de que la orientación y la tutoría han perdido un peso específico en los centros con los recortes educativos, que “la comunicación de los docentes con los padres es fundamental”, como también lo es el que las familias transmitan a sus hijos valores, que se deben defender en la escuela, y nos alejen de cualquier tipo de violencia.

ANPE destaca que la conflictividad en las aulas es reflejo de un problema social de gran calado, y está asociada a aspectos tan diversos como el abandono de las responsabilidades educativas por parte de las familias, al crisis de valores, el descrédito de la autoridad, la situación del sistema educativo, la violencia ambiental que rodea a los niños y jóvenes y el mal uso de las nuevas tecnologías. Critica que se disculpen y se consientan desde edades muy tempranas actuaciones que por la gravedad de las mismas “deberían ser, al menos, reprobadas”.

Le llegan incluso denuncias de profesores desde los distintos niveles de infantil y primaria y alerta de que cualquier acto de contención que éste lleve a cabo para defenderse de agresiones, como patadas, arañazos, mordiscos, pellizcos, pinchazos con punzones, es denunciado por los padres alegando que son niños pequeños y que no saben lo que hacen.

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