El pasado jueves, España tuvo que responder ante la ONU qué cambios se comprometía a realizar en materia de derechos humanos. De las 189 recomendaciones que los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos le hicieron en Ginebra con motivo del Examen Periódico Universal (EPU), España aceptó 169 y rechazó 20. Entre las descartadas están la petición de que se revisen las actuales prácticas de expulsión de inmigrantes en Ceuta y Melilla, así como la modificación de la legislación de seguridad nacional con miras a garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo.
Ana María Menéndez Pérez, embajadora permanente ante la ONU, se limitó a mencionar que las enmiendas incluidas en la ley de seguridad ciudadana amparan que este «rechazo en frontera» se realice respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es Estado firmante, algo que ya adelantó en enero el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, cuando la ley aún estaba en trámite, al ser cuestionado y criticado repetidas veces durante el EPU.
LA JUSTICIA UNIVERSAL
«Toda persona tiene derecho a un procedimiento de expulsión o de devolución con todas las garantías de acceso a la justicia», argumentó en representación de Cáritas Sonia Olea, que solicitó la derogación de las devoluciones sumarias. Esta práctica del Ejecutivo español ha sido criticada tanto por oenegés como por el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo. La ley de seguridad ciudadana -la ley ‘mordaza’-, que entrará en vigor este miércoles, ha suscitado dudas tanto entre organismos de la ONU como entre la sociedad civil. Diversos países mostraron su preocupación por que la norma recorte los derechos de reunión, manifestación pacífica y libertad de expresión. España se ha comprometido a protegerlos, consintiendo en varias de las recomendaciones recibidas.
Pero otras las rechaza, como las que versan sobre el principio de justicia universal. El Gobierno modificó el año pasado la ley orgánica del poder judicial de forma que los tribunales españoles ya no pueden juzgar a personas por crímenes cometidos en el extranjero, con independencia de su nacionalidad. Esto implicó, entre otros, el cierre de las investigaciones abiertas por las denuncias del genocidio en el Tíbet.
SANIDAD PARA TODOS
En materia de sanidad, hasta siete países pidieron a España que asegure el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias de todas las personas que vivan en territorio español. En el turno de réplica, Menéndez señaló que el ministro de Sanidad trabaja en el diseño de un programa que permita el acceso de los inmigrantes a la atención sanitaria. Organizaciones como Red Acoge y Médicos del Mundo ven insuficientes estas medidas, y denunciaron que, seis meses después de que la ONU emitiese recomendaciones en este sentido, «no se ha producido avance alguno».
España tampoco aceptó las tres recomendaciones que la instan a abolir el régimen de detención incomunicada por el cual una persona sospechosa de terrorismo o crimen organizado puede estar hasta 13 días sin ver a un abogado y sin poder comunicarse con la familia. Sí aceptó las dos que pedían su revisión.
«Espero que esta jornada no se convierta en un ejercicio de cinismo del Estado español, al adoptar recomendaciones que apuntan a una dirección y después legislen y apliquen la ley en sentido contrario», dijo Aída Guillén en representación de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. España se ha comprometido a presentar en dos años el balance de las 169 recomendaciones aceptadas, que ya se han convertido en compromisos internacionales.
Información ofrecida por el diario El Periódico.
