La Generalidad y el Parlamento catalán insisten en declararse en rebeldía. La resolución del Tribunal Constitucional, emitida este lunes por unanimidad y que da veinte días al parlamento catalán para presentar alegaciones, ya es papel mojado en Cataluña. El gobierno autonómico, la cámara regional y 72 diputados hacen ostentación de la desobediencia a las leyes constitucionales e insisten en proclamar que la desconexión de Cataluña del resto de España ha comenzado, es irreversible y culminará de forma unilateral en el primer semestre del próximo año.
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LD / El recurso de urgencia de la Abogacía del Estado al Constitucional no ha servido de nada. Y menos aún la atemperada resolución del pleno del Tribunal Constitucional. Los magistrados emitían un texto de carril, dictaban una tregua por vacaciones, veinte días para presentar alegaciones, un nuevo punto a favor de los separatistas. Sin embargo, el presidente de la Generalidad ha replicado a la blanda nota y suspensión cautelar del acuerdo de ruptura del Parlament con una andanada, un mensaje en la red social Twitter que no deja lugar a dudas: «Obedeceremos, claro que sí. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero».
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De esta forma contestaba el «representante del Estado en Cataluña» (según decía Pujol que era la figura del president) al Constitucional.
Un nuevo desafío en toda regla, un desplante autoritario, una burla y un corte de mangas. Puigdemont se ha puesto al frente de los más radicales, de los que exigen una «revuelta» y una «respuesta de país». Se ratifica en la desobediencia, en el inicio “formal” de la construcción del estado catalán y en el estado de rebeldía.
Puigdemont no ha sido sensible a la «templanza» de la resolución del Constitucional, que viene a dar una prórroga por vacaciones. Su reacción no sólo es una respuesta al TC, sino también a la CUP, que exige gestos claros para resolver la cuestión de confianza de Puigdemont, fijada para el 28 de septiembre, y la continuidad de la legislatura. Contribuye además a calentar a las bases separatistas de cara al «Onze de Setembre».
El separatismo tensa la cuerda ante un Gobierno en funciones y en medio de las negociaciones para la investidura de Rajoy. En teoría, la insurrección institucional catalana debería facilitar un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos para facilitar un Ejecutivo que pueda dar respuesta al reto territorial. Sin embargo, la coincidencia de las elecciones vascas y gallegas el 25 de septiembre añade más sombras sobre los contactos entre Rajoy, Sánchez y Rivera. Y el calendario aprieta.
