Inicio Opinión Invitada El CETA, otra palada de tierra más sobre España

El CETA, otra palada de tierra más sobre España

0

soraya
Colabora con el periódico digital El Municipio con un donativo para seguir informando con un periodismo combativo en libertad
Pincha en el boton Donar. Muchas gracias por tu ayuda y colaboración.

Por Juantxo García para elmunicipio.es

El pasado viernes, día 14 de octubre, el gobierno en funciones daba luz verde la firma de los Acuerdos Económico y Comercial Global, y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros, más conocido como CETA, que han de suscribirse el jueves 27 de este mismo mes en el Parlamento Europeo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo ministros Soraya Sáenz de Santamaría nos ofrecía un paradisiaco panorama del CETA, calificándolo de “hito en la política comercial comunitaria”, “ambicioso y novedoso”, que “beneficiará particularmente a las exportaciones españolas” y “nos permitirá un mejor acceso a las compras públicas y licitaciones a todos los niveles de gobierno en Canadá, abriendo nuevas oportunidades de negocio a empresas españolas” [1].

A pesar del visto bueno del Parlamento Europeo, el CETA tendrá, no obstante, que ser ratificado, con posterioridad, por los parlamentos nacionales y es precisamente ahí cuando empezará un complicado “mercado persa” cuyos resultados están aún por verse. En cualquier caso y sean cuales sean las derivas de las negociaciones ulteriores, una cosa parece clara: estamos ante la firma de un tratado que supone una pérdida de soberanía nacional en beneficio de las grandes empresas multinacionales y, paralelamente, un gravísimo perjuicio para los trabajadores y las clases más desfavorecidas, en la medida en que el CETA está pensado por y para engordar las cuentas de resultados de aquéllas.

Básicamente, el meollo de la cuestión del CETA está en la creación de tribunales privados de arbitraje (ICS) cuyas decisiones estarán por encima de las decisiones de las respectivos aparatos judiciales nacionales, en cuestiones tan sensibles como la salud pública, el medio ambiente y el consumo humano y, por supuesto, los derechos de los trabajadores. El CETA es incompatible con cualquier impedimento “público” o “nacional” que, obviamente, será laminado siempre en beneficio del “nuevo orden”.

Estos tribunales privados o ICS no sólo no están por encima de los aparatos judiciales de cada país, sino que escapan a cualquier control democrático o, lo que es lo mismo, estarán (de hecho, ya lo están con los tratados ya en vigor) supeditados a las grandes multinacionales. Así, una compañía que considere que sus “legítimas expectativas” sean lesionadas podrá reclamar unilateralmente cuantiosas indemnizaciones a los Estados, quedando éstos altamente desprotegidos. Los Estados “son culpables” a priori y serán éstos los que tendrán que demostrar su “inocencia”.

En la práctica, el CETA supone además y en buena lógica neoliberal, una desregularización salvaje del mercado laboral. Las prisas del gobierno (en funciones) del Partido Popular o, para ser exactos, su maniobra de distracción (estamos en pleno “show” mediático que abarca desde la crisis del PSOE a los juicios por las “tarjetas black” y “Gürtel”, que han servido de oportunísima cortina de humo) para pasar de tapadillo la autorización española del CETA, encajan perfectamente con la estrategia gubernamental que ha hecho una apuesta dedidida por un futuro recorte de derechos laborales, bajo el paraguas del nuevo paradigma del neoliberalismo español: el “contrato único”.

Pero dicho tratado encierra una siniestra sorpresa. Imaginemos que el CETA ha sido aprobado, pero un gobierno, pasado un tiempo y por las razones que sea, decide unilateralmente un “brexit” con respecto a dichos acuerdos. Pues bien, los mundialistas también han pensado en esto: el CETA estará, sí o sí, durante la friolera de cuatro lustros en vigor y el país “gamberro” no podrá escapar, durante dicho período de tiempo, a la “justicia” de los ICS. Dicho de otra manera, los países firmantes del CETA se convierten, de facto, no en “socios” sino en “rehenes” de las transnacionales, y cualquier “osadía” se pagará como si de indemnizaciones de guerra se tratase.

Desde nuestro punto de vista, como nacionalsindicalistas, el CETA, así como el resto de tratados “tipo TTIP” por venir, son abierta y letalmente antinacionales, favorecen de manera perversa del ya de por sí injusto y odioso sistema capitalista, sumergen al continente europeo a los apetitos del bloque de los países anglosajones (en un momento, además, de auge de la multipolaridad frente a la decadencia geoestratégica norteamericana), y son lesivos para los intereses de los trabajadores, a los que se coloca en un status rayano en la semiesclavitud.

Estamos, en definitiva, ante la enésima canallada antidemocrática perpetrada, como no podía ser de otra manera, por demócratas. Nada nuevo bajo el sol.

[1] Para una mayor información http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2016/141016-consejo.aspx

FIN

Colabora con el periódico digital El Municipio con un donativo para seguir informando con un periodismo combativo en libertad
Pincha en el boton Donar. Muchas gracias por tu ayuda y colaboración.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí