La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra -muy próxima a Podemos-, ha presentado el borrador del anteproyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, “con el que el se cumple uno de los objetivos fundacionales del Consell del Botànic que es rescatar personas”, creando una ayuda que sirva “realmente para terminar con la situación que viven muchas familias” derivada del empobrecimiento provocado por la crisis económica y la política de recortes”, ha señalado ante los medios de comunicación.
En su intervención, ha explicado que el objetivo de esta nueva renta es convertirla en un instrumento que realmente permita a las personas “rehacer su proyecto de vida, y por tanto no es viable poner fechas de caducidad ni plazos aleatorios de renovación”, se trata de terminar con “la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza”.
La nueva ley impulsa una renta que llegará a más personas, ya que se flexibilizan los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunidad Valenciana para tener derecho a la misma, y ampliando la edad de para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años, según ha informado el digital Mira Valencia.
Mónica Oltra ha destacado, entre las novedades que incorpora el nuevo texto normativo, el hecho de que se contemple la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una cadencia de dos. “La renta deber permitir a las personas rehacer su proyecto de vida, y por tanto no es viable poner fechas de caducidad, ni plazos aleatorios de renovación”, ha manifestado.
El borrador de ley también contempla la creación de distintos tipos de renta, así habrá una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.
Por otro lado, el importe de ésta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo, mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.
Mónica Oltra ha recordado que, al llegar al gobierno, “existía una situación de verdadera alarma social, con un población empobrecida, con una tasa de paro el 20,2%, que se eleva al 42% en el caso de los más jóvenes, y con una lista de espera para la tramitación de la renta que en algún momento llegó a las 20.000 personas y con retrasos de hasta 2 años”.
