Ante el acoso o los abusos sexuales, la universidad española reacciona con indolencia. A veces se añade una parsimonia garantista que multiplica el sufrimiento de las mujeres víctimas de la presunción de inocencia del profesor denunciado, según coinciden los expertos y admiten los rectores. La reciente condena al catedrático de la Universidad de Sevilla Santiago Romero por abusos sexuales continuados sobre dos profesoras y una becaria ha desempolvado el caso del también catedrático Jesús de Miguel, que acosó a decenas de alumnos durante décadas hasta 2014 según la fiscalía, pero que hoy conserva su despacho en la Universidad de Barcelona.
EL País / En ambos escándalos las víctimas denunciaron a los profesores ante las universidades, que iniciaron sus pesquisas internas pero sin resultados eficaces. En el caso catalán, la institución alegó la imposibilidad de apartarlo debido a que los delitos habían prescrito pese a que quedaban probados para la fiscalía, mientras que en el ejemplo andaluz la universidad esgrimió que la justicia investigaba y no podía interferir. Así pasaron seis años mientras Romero daba clases a centenares de alumnos a la vez que declaraba como imputado, era procesado y se sentaba en el banquillo ¿Tenían alternativas ambas universidades o las irregularidades debían quedar impunes para respetar la presunción de inocencia de los docentes?
“Claro que la universidad puede tomar medidas cautelares contra un profesor si detecta que hay indicios de acoso. La institución tiene que entender que puede atender a la víctima y también adoptar medidas. El problema es una falta de sensibilidad y una falsa neutralidad, porque si no haces que el problema desaparezca, provocas que se perpetúe”. Miguel Lorente, responsable de la unidad de igualdad de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la violencia de género, es muy crítico con la implicación real de los 76 rectores para atajar el acoso en los campus españoles. La inversión económica para prevenir la violencia machista de las universidades es mínima, estas solo crearon las unidades de igualdad cuando la ley les obligó en 2010 y seis años después algunas carecen de protocolos de actuación. Todo pese a que el 62% del alumnado ha sufrido o conoce a personas que ha vivido la violencia machista en las aulas, según un estudio con 1.083 entrevistas.
Durante años primó la ley del silencio en las clases que el catedrático de Sociología Jesús de Miguel impartía en la Universidad de Barcelona. En 2011 varios alumnos vencieron el miedo y denunciaron al profesor por acoso sexual. En un primer momento, la comisión de igualdad que analizó el caso no le vio entidad al asunto. Sin embargo, un profesor que en paralelo denunció a De Miguel lo había hecho también ante la Universidad de Harvard porque usaba en falso el nombre de este centro estadounidense. Harvard informó a la Facultad de Económicas catalana y solo entonces esta reaccionó para pedir a los alumnos denunciantes que buscaran otras víctimas del catedrático para lograr armar el caso. Los estudiantes hallaron otros testimonios coincidentes y se abrió una comisión específica para investigar los acosos sexuales.
Cuando esta segunda comisión concluyó su informe, lo remitió al rector y este a la fiscalía. La investigación de los Mossos d´Esquadra determinaron que se había cometido “acoso sexual” a través de “perniciosas relaciones”, pero los hechos habían prescrito porque sucedieron entre 2008 y 2009. En su declaración policial, la decana de Económicas, Elisenda Paluzie, reconoció que el caso no le había sorprendido porque venía a confirmar lo que decía el boca oreja. Pero antes, cuando se cometían las irregularidades en 2009, Paluzie recibió una carta de la profesora Lidia Puigvert que le alertaba de que la organización del doctorado de Sociología, en el que participaba De Miguel, favorecía las presiones de índole sexual, laboral y académica. “Nunca recibí una respuesta. Es tan obvio y terrible”, lamenta Puigvert. La decana justifica su inacción de entonces en que la misiva no mencionaba a De Miguel de manera explícita.
Ante el archivo de la fiscalía, los alumnos se movilizaron para evitar que De Miguel volviera a dar clases, y hoy está apartado de la docencia aunque mantiene su despacho con 69 años. “Aunque sintiera la decepción por no poderle sancionar, al menos me queda la tranquilidad de que no ha dado más clases” añade la decana. Cuando se denunciaron los hechos, el catedrático era amigo del rector Didac Ramírez. “Mi amistad no influyó para nada en mi decisión”, afirma. De Miguel ha rechazado opinar al respecto.
Hoy día, cuando las universidades fijan un protocolo sobre cómo actuar cuando surgen casos, brotan las discrepancias. Mientras que los redactores, expertos en Derecho, defienden la potestad disciplinaria de la institución, los servicios jurídicos de las universidades se oponen y su opinión prevalece. “Recuerdo que los servicios jurídicos fueron muy puñeteros porque la universidad no se podía convertir en juzgador. Se redactó un protocolo muy cauteloso. La propia institución le para los pies a la comisión de igualdad”, ilustra Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
Como vocal de la CRUE (la conferencia de rectores españoles) Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, admite que en estos casos “los problemas van por delante de las soluciones”. “Debemos hacer más, sobre todo en temas de prevención. Y luego hay que proteger a la víctima, esté demostrado o no (…) Claro que la universidad tiene autonomía para tomar medidas cautelares”, reconoce. La semana pasada, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, pidió disculpas a la sociedad, “empobrecida” tras los abusos sexuales cometidos por “uno de los nuestros”. Castro se escudó en que no podía tomar cartas en el asunto antes porque la justicia estaba investigando.
Durante su último encuentro anual en Madrid el pasado verano, las responsables de las unidades de igualdad universitarias hicieron patente la escasa sensibilidad de algunos rectores respecto al acoso: “Nos encontramos con Universidades que, habiendo creado la Unidad de Igualdad, existe cierta reticencia o incluso hostilidad y no quieren oír hablar de temas como acoso, discriminación, lenguaje sexista, etc”, reza la memoria de las jornadas. De ahí que el 69% del alumnado desconfía de que la universidad respalde su denuncia si vencen el miedo, según el estudio Rompiendo el silencio en las universidades españolas.
¿Cómo pueden ocurrir estos relatos tan sórdidos de abusos y acosos en una institución pública que debe formar en valores? “El acoso en la Universidad, por su estructura feudal, dependencias y fidelidades, es frecuente. Igual que el señor feudal dominaba y protegía a sus siervos, hoy las plazas, la promoción profesional y la distribución del dinero para investigar depende de la gente de arriba en el escalafón. El sistema crea esos vínculos. El de arriba te ampara y te protege, y si se le va la mano te domina, y si se le va más todavía, te acosa por no plegarte a sus requerimientos. Es feudalismo con nuevos ropajes», define Francisco García, director del Departamento de Didáctica de la Ciencia Experimental y Social en la Universidad hispalense.
“¿Cómo puede considerarse lógico que un catedrático meta a quien quiera, incluido a amigos? Pues porque todos han entrado por esa vía, por una especie de filiación”, pregunta y responde Eva Laínsa, profesora y exdirectora del Secretariado de Promoción Cultural de la Universidad de Sevilla. “Y cuando hay plazas muy poca gente recurre porque el perdedor sabe que si recurre le queda un año de malas caras, burocracia y trabajo duro para juntar las pruebas objetivas y documentar la prevaricación, además del ostracismo por conflictiva”, añade.
Al igual que en Barcelona, el catedrático sevillano Santiago Romero estaba relacionado con la cúpula de la universidad y mantenía “relaciones muy cordiales” con el rector de entonces, Joaquín Luque, definen fuentes del caso. Porque como catedrático, Romero dispuso de mucho poder para decidir si promocionaba o no a profesores, cuándo leían sus tesis, para controlar un grado, un máster y el reparto de la docencia. Y como decano, fue miembro de la Junta de Gobierno en el rectorado de la universidad.
La denuncia de las dos profesoras y una becaria se produjo en 2010 y meses después la universidad derivó el expediente a fiscalía. Un año más tarde, Romero regresó a las aulas porque los servicios jurídicos decían que era imposible prohibirle la docencia, alega ahora la universidad.
Tras la condena de su decano en la capital andaluza, García quiere ver luz al final del túnel. «Es una oportunidad para una fuerte regeneración ya que los procesos de participación están muy deteriorados. No se promueve el debate sobre el funcionamiento de la facultad y el espíritu crítico y combativo».
