Mujer de más de 80 años que necesita algún tipo de prestación del Estado. Este es el principal perfil de las más de 1.213.000 personas que a día de hoy tienen reconocida su situación de dependencia, lo que equivale al 2,6% de la población española. De todas ellas, tres de cada 10 están en lista de espera y no perciben ningún tipo de ayuda económica por parte del Gobierno.
El Mundo / Una espera que provoca que cada día fallezcan 90 personas dependientes -una cada 15 minutos- sin recibir los servicios a los que tienen derecho, lo que suma más de 150.000 personas en los últimos cinco años. Así lo revela el XVII dictamen del Observatorio de Dependencia, que añade que uno de cada de tres dependientes que espera su prestación es un caso vulnerable y por tanto, precisa de dicha aportación de manera urgente.
Asimismo, del total de las personas desatendidas, unas 122.000, casi cuatro de cada 10 son dependientes con grados II o III, lo que quiere decir que la mayoría de ellos necesitan atención extendida y en ocasiones hasta continuada para su autonomía personal.
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, declara que «resulta cruel cuando el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que la lista de espera se reduce debido al incremento de los beneficiaros. Realmente y si acudimos a los datos, el número es menor porque la gente ha fallecido esperando su ayuda reconocida».
Por otra parte, el dictamen refleja que desde 2012, las comunidades autónomas han dejado de recibir más de 3.672.000 euros destinados a las prestaciones para las personas con dependencia. Un recorte que afecta de manera directa a los 865.564 beneficiarios que están en la actualidad siendo atendidos en el Sistema.
No obstante, el gasto público en estas prestaciones no se distribuye de manera equitativa. Según el Observatorio de Dependencia, en 2016, la Administración General del Estado sólo aportó el 17% del gasto público del Sistema. El 83% restante, lo hicieron las comunidades autónomas (62,8%) y los usuarios a modo de copago regulado (20,4%).
El informe añade que el propio Sistema de Atención a la Dependencia tiene una gran capacidad para generar empleo. De hecho, el Observatorio hace la siguiente relación: por un millón de euros de gasto público invertidos, se logran 35 nuevos trabajos y una tasa de retorno del 39,5%.
Esto quiere decir que por cada 100 euros que invierte el Estado, se recuperan directamente unos 40. El global recuperado en 2016 suma así 2.241 millones de euros sobre un gasto público de 5.671. En esta misma línea, el dictamen concluye que si se atendiera a las 350.000 personas que están en espera, se generarían hasta 90.000 empleos directos.
Por su parte, Ramírez reclama la necesidad de incluir el gasto de 450 millones de euros en los próximos presupuestos del Estado para poder eliminar la lista de espera de los dependientes reconocidos y que «por Ley, les corresponde una prestación». Termina dirigiéndose de manera tajante a los políticos: «O son cómplices o tendrán en su conciencia las consecuencias que sufren tantos dependientes».
