La cuenta atrás terminó diez minutos antes de las siete de la tarde, cuando se cumplía el plazo marcado. Alejandro Fernández, de 24 años, descuenta desde este martes los seis años de cárcel que por sentencia del Tribunal Supremo debe cumplir por utilizar una tarjeta falsificada y pertenencia a banda organizada- Con camiseta, barba de pocos días y acompañado hasta el último segundo por su pareja estable, Alejandro entraba en la prisión provincial de Albolote, donde deberá esperar una final esperanza: un indulto parcial que le facilite el tercer grado.
El Mundo / Todo, por una compra de 79’20 euros seis años atrás en un establecimiento de Málaga mediante una tarjeta falsificada que le porporcionó -dice- quien entonces consideraba su amigo. Las movilizaciones y apoyos de los últimos días quedan, por el momento, fuera del alcance de quien es ahora un preso más de la prisión de Granada. Resignado al no haber prosperado las gestiones que a distintos niveles trató de movilizar, Alejandro se presentaba voluntariamente en la solanera que a esa hora caía sin piedad en la explanada anterior a la cárcel.
Informes negativos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía han jugado en contra de una suspensión cautelar de su entrada en prisión. A su favor estaba que tiene empleo fijo en una cafetería, que sus jefes le confían las llaves y la caja, que mantiene una relación estable de pareja… Nada de eso ha servido ante la maquinaria administrativa implacable que le obliga a pagar por un error de juventud. Su abogado, Javier Gómez Rosales, ha recordado que los informes no son vinculantes y que el Ministerio de Justicia podría haber valorado las restantes variables, ante todo «por lo desproporcionado» de la pena.
Un recurso de reposición es la última arma que la defensa de Alejandro utilizará a partir de ahora, agotada la cuenta atrás desde que el Tribunal Supremo dictaminó por los hechos de aquel fatídico día de 2010 en que acompañó «a alguien a quien yo entonces consideraba algo así como mi hermano mayor» que, a la postre, iba a marcar una pesadilla que se proyectaría para todo el tiempo transcurrido y los años sucesivos. Era «un hombre mucho mayor que yo, por lo menos veinte años más» que había conocido «porque era amigo de mi novia de entonces». Alejandro lo conoció con 16 años, en 2008, una relación «de camaradería», era «muy enrollado, divertido, nos invitaba en todas partes…» y la ‘fecha negra’ sucede dos años después. «Me preguntó si podía acompañarlo a Málaga». Alejandro asintió. Nunca lo hiciera: se recuerda aquel día entrando en una tienda «con una tarjeta de monedero que me dio él» a nombre de Alejandro, «que yo ni había visto ni sabía que existía». Confiaba en él, al punto de no sospechar que había falsificado una tarjeta a su nombre. Le encargó comprar unas bebidas alcohólicas «y un batido de chocolate, que yo compré para mí, porque no bebo alcohol».
Pagó sin problemas con la tarjeta, volvió al coche donde le esperaba este entonces amigo y ahora desaparecido. Fueron a un Carrefour también en Málaga, «con otra persona que acababa de conocer». En el centro comercial esperaron en el coche mientras su ‘amigo’ entraba al servicio y, estupefactos, contemplaron cómo cuando salía «lo rodearon policías, ‘seguratas’ del centro…». Sin entender nada, nerviosos, «salimos del parking y aparcamos un par de calles más allá. Volvimos al Carrefour a por mi amigo y ya allí no pasaba nada, como un día normal…» De vuelta al coche, «una patrulla de la Policía estaba parada al lado», por lo que decidieron regresar a Granada en el primer taxi que pasó.
El tribunal no creyó su versión de los hechos
La sentencia que lo condenó resta totalmente credibilidad a su versión de que desconocía que las tarjetas eran ilegales, basándose, entre otros argumentos, en el hecho de que se dieran a la fuga cuando la Policía intentó detenerlos a la salida del Carrefour.
Para cuando llegó a casa la Policía ya lo había identificado a través de su pareja de entonces y comunicado a su madre que debía presentarse en Comisaría el lunes a las 8 de la mañana o lo pondrían en busca y captura. Estuvo en los calabozos hasta el viernes, en que no se celebró el juicio rápido que quería la Policía porque el caso había pasado a la Audiencia Nacional. «Estábamos allí otra persona también mayor y el que me había acompañado en Málaga». Todos fueron acusados de pertenecer a banda organizada y estafa, unos delitos que cuando llegaron a juicio se saldaron con condenas de ocho años por el primero y cuatro más por el segundo.
En libertad provisional desde entonces que ha cumplido presentándose en Comisaría los días 1 y 15 de cada mes, pretendieron llegar a un acuerdo con la Fiscalía -año y medio de condena- que fue imposible «porque uno quería ser guardia civil y no quería tener antecedentes». Y como el ‘amigo’ que está en el origen de todo había desaparecido y no se presentó al juicio en la sentencia se entrevé que el tribunal estima que Alejandro y los otros dos condenados «le cargábamos a él las culpas porque no podía defenderse». La pena, finalmente, recurrida en el Supremo quedó en seis años (cuatro y dos) por pertenencia a banda organizada y estafa.
Alejandro era a sus 18 años un estudiante de FP en los Salesianos. «Toda mi vida cambió», dice ahora sin entender cómo 79,20 euros se traducen «en seis años de cárcel, por muy falsificada que estuviera la tarjeta». Ni antes ni después hay rastro delictivo de este joven del que dependen «mi padre, enfermo» y su pareja, con quien convive desde hace cinco años, «parada, porque a sus 31 años tiene dificultades para encontrar trabajo».
