«Ningún trabajador a jornada completa cobra por debajo del salario mínimo (655,2 euros al mes)».
Estas son las palabras y comentarios más repetidos por la popular Fátima Báñez, ministra de Empleo, a la pregunta formulada por el líder comunista de Izquierda Unida -Alberto Garzón- sobre la precariedad laboral y las soluciones que plantea el Gobierno de España durante una de las sesiones del control al Gobierno en el Congreso.
En la misma línea se ha expresado el líder de Ciudadanos Albert Rivera, quien le ha reprochado al presidente Mariano Rajoy la elevada precariedad que tienen los jóvenes en el mercado laboral español y ha indicado que la sentencia europea sobre los interinos fue una enmienda al mismo:
«La precariedad de los trabajadores temporales no puede ser permanente», tal y como ha comentado.
Albert Rivera por su parte ha subrayado que la duración media de los contratos en España es de 54 días porque muchos trabajadores encadenan un contrato temporal tras otro, y le pedido a Mariano Rajoy que se avenga a acometer una reforma global del mercado laboral «y no un parche» como la que hizo el Gobierno del Partido Popular en el pasado año 2012.
«Somos los campeones de Europa en paro y precariedad y ha llegado el momento de modernizar el sistema laboral español», le ha comentado Albert Rivera al presidente Mariano Rajoy.
El debate sobre el empleo precario se ha producido al tiempo que el Consejo de la Juventud ha presentado las conclusiones del Observatorio de Emancipación relativo al primer semestre de este año. Según dicho informe, uno de cada cuatro jóvenes con trabajo (el 24,5%) vive en riesgo de pobreza y exclusión social, debido en gran medida a la precarización de sus empleos, que ha provocado por otro lado que la cifra de los que han conseguido emanciparse sea la más baja en doce años, un 19,7%
Son las principales conclusiones del texto, que sitúa el retroceso de la tasa de jóvenes que han podido independizarse en un 4,84% con respecto al año pasado. Comparándola con el valor máximo que alcanzó con el estallido de la burbuja inmobiliaria en el segundo trimestre de 2008, la caída en estos ocho años ha sido del 24,04%.
Tan solo tres comunidades autónomas escaparon a estos datos: Cataluña, Galicia y La Rioja, que apenas variaron sus tasas, mientras que en el resto oscilaron entre valores superiores al 15% en Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra y, por debajo del 3%, en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Madrid. También los jóvenes adultos de entre 30 y 34 años, que tradicionalmente ha mantenido unas pautas residenciales muy estables, acumula tres trimestres consecutivos de descensos, el último de algo más del 7%.
Ni el 20% de los jóvenes puede independizarse de sus padres
El encarecimiento de la vivienda en España, tanto en propiedad como de alquiler, hace inviable la independencia de los jóvenes españoles, ya que en uno u otro caso deberían pagar más de la mitad de lo que sus salarios realmente les permite. Al contrario de las teorías existentes, que creen que abandonar el hogar familiar suele ir parejo con un mayor riesgo de empobrecimiento, el alcance de la pobreza y exclusión entre la población joven emancipada en el pasado año 2015 fue inferior al de los que siguen viviendo en las casas de sus padres.
Y son los jóvenes adultos que permanecen en la vivienda familiar los que tienen mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza y exclusión social, en concreto el 34,8%, frente al 27,2% de los que se han emancipado.
Como recuerda el informe, el indicador europeo Arope, que mide el riesgo de pobreza según diversos factores, otorga a la población joven española de 16 a 29 años y también a los mayores de 65, los valores máximos, un 38,2%. Apenas ha habido cambios de las condiciones laborales de los jóvenes: la progresiva reducción de la tasa de paro, que en el segundo trimestre de 2016 fue del 34,4 % (y del 46,5 % entre la población de 16 a 24 años), se fundamenta más en la «desaparición» de la población activa. El motivo, la renuncia de los jóvenes a seguir buscando un trabajo, que optan por prolongar sus estudios.
Aunque su nivel de ocupación ha ido en aumento, especialmente en la industria manufacturera, el transporte y el almacenamiento, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y las actividades sanitarias y de servicios sociales, también se ha incrementado su precariedad laboral. La mayoría de los contratos siguen siendo temporales, de forma que el 92,5% de los que se hacen es a jóvenes.
