La concejala de Inclusión y Políticas Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo, ha anunciado este jueves su dimisión después de una semana envuelta en la polémica por la grabación filtrada por una usuaria de los servicios sociales en la que la edil la incitaba a okupar viviendas vacías de la localidad. —Concejal del PSOE: “Soy experta en ocupar viviendas”—
Cadena Ser / En una rueda de prensa en la que no se han admitido preguntas y junto al portavoz del equipo de gobierno del Consistorio isleño, Conrado Rodríguez, Lorenzo ha anunciado que abandona el cargo con «la cabeza muy alta». Lo hace pese a que días atrás le habían mostrado públicamente su apoyo la secretaria provincial del PSOE, Irene García, y la propia alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.
Cabe recordar que en una entrevista concedida esta semana a Radio Cádiz, la concejala reconoció su error al explicar a una usuaria de servicios sociales cómo okupar una vivienda vacía. “No está bien lo que he hecho, pero intentaba ayudar a una familia con tres menores que se veía en la calle”, afirmó.
Lorenzo explicó en el Hora 14 Cádiz que esta usuaria le explicó que iba a dar una “patada a una puerta” y que, en ese momento, ella le dijo “que no se la dieran a la vivienda de un particular y que el banco tenía muchas casas vacías”. ”Y empecé a darle información que en mi área conozco porque me la cuentan muchas familias necesitadas”, agregó.
Por otra parte, el exalcalde de San Fernando y actual portavoz del PP en la localidad isleña, José Loaiza, anunció que llevaría a la Fiscalía una grabación de la concejala de Inclusión y Políticas Sociales de San Fernando, la socialista Ana Lorenzo, por si su contenido revelara que la edil ha incurrido en algún tipo de delito cuando incitaba a una usuaria de asuntos sociales a okupar una vivienda vacía.
En declaraciones a los medios de comunicación, Loaiza remarcó que la concejala había cometido “ilegalidades” y pidió a la edil su dimisión, que se ha concretado este jueves finalmente.
Además de llevar a la Fiscalía las grabaciones de una reunión privada con una usuaria de los servicios sociales a la que instruye sobre cómo okupar un edificio, el PP incidió en que pondría en conocimiento de la administración competente la vulneración de la Ley de Protección de Datos en la que supuestamente incurrió Lorenzo.
