El Partido Popular reclama el aborto “libre y gratuito”

El Partido Popular reclama el aborto “libre y gratuito”

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¿Recuerdan cuando el Partido Popular asistía a las comisiones parlamentarias para rechazar la ley del aborto que proponía el Gobierno de Rodríguez Zapatero? ¿Recuerdan, quizá, cuando el PP emitió un voto particular como resultado de esa comisión para manifestar su disconformidad con la consideración del aborto como un derecho? ¿Recuerdan cómo el PP que ejercía de oposición al Gobierno socialista presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC por considerar que la llamada Ley Aído de aborto libre desprotegía al no nacido en contra de la doctrina del máximo tribunal?

Pues olvídense de todo eso porque ese ya no es el Partido Popular. Contamos por qué:

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La Gaceta / Este miércoles, el Senado español aprobaba por unanimidad un texto para instar al Gobierno “a garantizar el aborto en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas como una prestación y un derecho con garantías de equidad” y desarrollar una norma que prohíba que las mujeres tengan que pagar para acceder a ese derecho. Traducido, es algo así como el ‘aborto libre y gratuito’, reclamo histórico del feminismo radical, que, en realidad, ya es vigente en la legislación española pero que, formulado de esta manera, puede limitar la objeción de conciencia que lleva a algunos facultativos de la Sanidad Pública a negarse a practicar abortos.

Así, el texto aprobado en la Cámara Alta -que es resultado del debate y posterior modificación de la moción inicial presentada por Podemos- pide que se garantice en todas las comunidades autónomas servicios públicos donde se puedan realizar abortos.

El texto ha sido aprobado por unanimidad -sin ninguna abstención, ni siquiera la del PP- y reclama, además, que se eliminen “las enormes diferencias entre unas comunidades y otras respecto al acceso al método de interrupción del embarazo farmacológico” y que se valore, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la inclusión de los “anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios de financiación pública”.

“Como intenciones, lo vemos muy bien, no hay nada que decir” decía en su turno de defensa de las mociones el senador del PP Jesús Ramón Aguirre, que defendía la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo -la ley Aído, recurrida por el PP ante el Constitucional- como una ley que “ya garantiza el acceso al aborto en todas las Comunidades Autónomas en centros de la Sanidad Pública o en centros vinculados a la misma”. Aguirre, que reconoce que la ley Aído contempla la posibilidad de derivar el aborto a un centro privado costeado por la Sanidad Pública hace mención explícita, eso sí, a la objeción de conciencia, pero insiste en que la ley Aído “ya garantiza el derecho al aborto” y puntualiza que son las comunidades autónomas las encargadas de garantizar ese derecho. Nada queda del discurso del Partido Popular que criticaba la concepción del aborto como un derecho y defendía -en un texto firmado y presentado por la hoy vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría- la concepción del aborto como un delito despenalizado sólo en casos excepcionales.

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