Cuando España fue plurinacional

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Pedro Sánchez

Por Eduardo Jordá

En España hemos tenido una breve experiencia de nación plurinacional. Lo fuimos durante la breve -y desastrosa- experiencia de la Primera República, en el año 1873, cuando la República tuvo cuatro presidentes distintos en menos de ocho meses

NO es cierto que la idea de nación plurinacional sea una incógnita muy difícil de explicar en términos políticos. En España hemos tenido una breve experiencia de nación plurinacional. Lo fuimos durante la breve –y desastrosa– experiencia de la Primera República, en el año 1873, cuando la República tuvo cuatro presidentes distintos en menos de ocho meses. Y ese año de 1873, Cartagena no sólo fue una nación soberana durante seis meses, sino que se declaró independiente del resto de España y enarboló una bandera roja que antes había sido enseña del Imperio Otomano. La moneda propia que acuñó el soberano cantón de Cartagena –«rodeado por los centralistas», según rezaba la inscripción en el reverso– se cotiza ahora muy bien entre coleccionistas y numismáticos. La Cartagena independiente cayó en enero de 1874, tras ser ocupada –y destruida– por las tropas republicanas «unitarias».

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Por raro que parezca, también fueron naciones soberanas e independientes, aunque por mucho menos tiempo, Jaén y Granada y Algeciras y Cádiz y Motril y Jumilla y Sevilla y Barcelona (y otras muchas ciudades y provincias de Andalucía y Levante). Aunque la experiencia duró muy poco, la nación soberana e independiente de Granada estuvo a punto de declararle la guerra a la nación soberana e independiente de Jaén por una disputa de límites fronterizos. Y la soberana nación de Jumilla, por su parte, emitió una proclama en la que declaraba su propósito de mantener la paz con todas las naciones extranjeras, aunque también advertía a la vecina nación de Murcia de que «si ésta se atreve a desconocer nuestra autonomía y a traspasar nuestras fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del 2 de Mayo, y no dejará en Murcia piedra sobre piedra».

Por desgracia, muy poca gente conoce la historia del episodio cantonal –o plurinacional, si lo decimos en términos modernos–, ya que parece haber desaparecido por arte de ensalmo de nuestros libros de historia. En 1911, cuando Galdós se acercaba a los setenta años, dedicó uno de sus últimos «Episodios nacionales» a la breve experiencia republicana y a la insurrección cantonal. Lo tituló «La Primera República» y en cierta forma es un fracaso narrativo impropio del inmenso talento de Galdós. Pero hay un motivo de peso para que Galdós no se sintiera a gusto escribiendo la historia de la Primera República y de la insurrección cantonal. Quienes protagonizaron aquellos hechos absurdos y en algunos casos estrambóticos –Galdós lo definió como «un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena»– eran sus correligionarios republicanos y socialistas en quienes había depositado sus esperanzas políticas. No olvidemos que Galdós, en 1873, era un joven de treinta años que soñaba con un nuevo modelo de país para España. Pero el experimento republicano le decepcionó por completo, a pesar de que Galdós compartía muchos de sus ideales y muchas de sus propuestas sociales. En el soberano cantón de Cartagena, por ejemplo, se instauró la jornada laboral de ocho horas, se autorizó el divorcio, se incautaron los bienes eclesiásticos, se abolió la pena de muerte y se suprimieron los monopolios. Galdós estaba de acuerdo con todas estas medidas, pero la Primera República «centralista» también las defendía y podría haberlas instaurado de no haber tenido que enfrentarse a los delirios cantonales que al final acabaron destruyéndola en poco menos de un año. En España solemos creer que todos los experimentos progresistas han sido aplastados por la violenta reacción ultraderechista, pero eso no es del todo cierto. La Primera República cayó por culpa de una ataque conjunto de los ultracatólicos carlistas desde el norte y de los «intransigentes cantonales» desde Levante y el Sur. Y en cierta forma, lo mismo podría decirse de la Segunda República, atrapada entre la pinza diabólica de la Revolución de Asturias de 1934 y la sublevación militar de julio de 1936.

El problema de la Primera República fue que apenas contó con apoyo popular y estuvo dividida en un sinfín de facciones que hacían imposible toda acción de gobierno. El primer presidente, Estanislao Figueras, harto de desavenencias parlamentarias, pronunció su famosa frase «Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros» y sin decir nada a nadie cogió un tren con rumbo a París. El segundo presidente, Pi i Margall, también catalán como Figueras, intentó aprobar una Constitución Federalista que contemplaba la división de España en 17 Estados soberanos con autonomía completa para dotarse de Constitución y de sus propios órganos de Gobierno. Pero la rebelión carlista se extendió por el norte, al grito de «Dios, Patria y Rey», y Pi i Margall tuvo que pedir «poderes extraordinarios» a las Cortes para hacerle frente. El grupo de los federalistas «intransigentes» lo consideró un intento de imponer una tiranía republicana y se opuso por completo a los plenos poderes. Los federalistas radicales defendían el modelo cantonal inspirado en los cantones suizos. En vez de los 17 Estados soberanos, los «intransigentes» defendían el modelo del cantón –bien fuera municipal o provincial, ya que también en esto estaban divididos– como unidad política soberana que debía adherirse por propia iniciativa a la República Federal. Todo debía hacerse «de abajo arriba» en vez de «arriba abajo», como pretendían los federalistas «centralistas» de Pi i Margall.

En el verano de 1873, cuando la República estaba siendo atacada por los rebeldes carlistas y apenas tenía fuerzas para defenderse –ya que además sufría una terrible crisis económica–, los republicanos intransigentes lanzaron la insurrección cantonal. No fue la primera vez que esto ocurría durante el breve periodo de la Primera República. Cuatro meses antes, en marzo de 1873, el Ayuntamiento de Barcelona había proclamado el Estat Català dentro de la República Federal (los hechos se repetirían en 1931 con Francesc Macià y en 1934 con Lluís Companys), aunque la proclamación apenas duró por culpa de las disensiones internas. En cambio, la rebelión cantonal instigada por los diputados federales «intransigentes» tuvo éxito en Andalucía y Levante, lo que provocó las tristes reflexiones posteriores de Galdós, que la calificó de «sarampión agudísimo». En pocas semanas, docenas de ayuntamientos se declararon gobernados por un «Comité de Salvación Pública», armaron batallones de milicias y se proclamaron «cantones soberanos».

Ya conocemos algunos de esos cantones soberanos: Cartagena, Sevilla, Motril, Málaga, Jumilla, Algeciras, Alcoy… Tras la proclamación del Soberano Cantón de Algeciras, la vecina población de Los Barrios se unió al cantón de Cádiz de Fermín Salvochea. Los insurgentes de Algeciras, indignados por aquella traición, intentaron destruir el puente sobre el río Palmones que comunicaba Algeciras con Los Barrios. Por suerte para todos, no lograron hacerlo. El cantón de Tarifa, por su parte, lanzó una misión militar para ocupar el islote de las Palomas que había sido abandonado por el ejército. Y el cantón de Cartagena, sitiado por las tropas «unitarias» de la República, pidió ayuda a los Estados Unidos (el presidente, Ulysses Simpson Grant, nunca llegó a enterarse de si aquella petición iba en serio o en broma). Galdós, que admiraba la honestidad y los ideales de muchos de quienes emprendieron estas acciones disparatadas, no vio en ellas nada más que una prueba de «nuestra incorregible tontería». Y quizá sea ésta, pasados casi 150 años, la mejor definición que se haya hecho jamás de nuestro experimento plurinacional. Una incorregible tontería.

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