El Gobierno de España del PP ha llamado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a «volver al orden constitucional y estatutario» y le ha instado a acudir al Congreso de los Diputados para dialogar la Unidad de España con todas las fuerzas políticas porque «los mediadores son los 350 diputados». «Lo único exigible es que cumplamos la ley», ha puesto como requisito para abrir esa puerta.
El Ejecutivo del Partido Popular determina dónde tendría lugar ese posible diálogo. No parece dispuesto a retomarlo de manera bilateral entre el Palacio de la Moncloa y la Generalitat de cataluña, sino en el Congreso de los Diputados. Es más, sería preferentemente por la vía de la comisión para el estudio para modernizar el Estado territorial, una propuesta impulsada por el PSOE que ahora el PP respalda firmemente como canal para una posible reforma constitucional del régimen del 78.
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«…Se le ha ofrecido y se le ofrece diálogo en el marco de la ley y en el Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas y todo el pueblo español…», ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno de España le ha instado incluso a participar de manera activa y acudir al Congreso de los Diputados a «hacer sus propuestas» para negociar la Unidad de España. Delante de todos los diputados y de los españoles.
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«…Los mediadores son los 350 diputados y otros tantos senadores que representan a los españoles, donde estamos todos representados y allí es donde puede comparecer…», ha recalcado, llamándole a acudir para defender sus propuestas y escuchar a toda la Cámara.
El Gobierno de España del PP no sólo hace suya esta oferta de dialogar con Puigdemont para que explique sus propuesta de romper la Unidad de España ante los diputados, sino que la considera extensible a los partidos políticos PSOE y Ciudadanos. Es decir, es una oferta «de la amplísima mayoría de la Cámara» que es «sensata, moderada y entendible», a juicio de Soraya Sáenz de Santamaría. «El diálogo no hay que exigirlo sino practicarlo», ha subrayado la vicepresidenta.
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En cuanto al peor de los escenarios, en el que Carles Puigdemont no respondiera diciendo que «no» proclamó la independencia de cataluña, el Gobierno de España evita a toda costa hacer cualquier tipo de especulación o comentario acerca de las medidas que pondría en marcha. «…No vamos a hablar de medidas, no vamos a situarnos en futuribles porque hay un paso previo fundamental…», ha despejado la vicepresidenta del Gobierno la cuestión.
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Por otro lado, ha ejercido presión sobre el golpista contra la Unidad de España Carles Puigdemont recordándole las consecuencias económicas que ya empiezan a hacer saltar las alarmas en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Porque, según ha explicado, hay riesgo de que la comunidad autónoma caiga en una «recesión». Por esto mismo ha urgido a Carles Puigdemont a pensar bien su respuesta y «parar la deriva», porque «está perjudicando seriamente a la economía catalana» y provocando una inestabilidad «que tiene consecuencias»: salida de empresas, deterioro de la marca Cataluña y Barcelona, caída de las inversiones. «Tiene que pensar que no tiene que empobrecer ni dividir a los catalanes».
