El juez Pablo Llarena acuerda mantener en prisión provisional sin fianza al exvicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Para los otros 6 exconsejeros que permanecen en la cárcel, el juez ha decretado la prisión eludible bajo fianzas individuales de 100.000 euros. Una vez que las depositen, el magistrado les impone como medidas cautelares comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte.
LD / El juez del Tribunal Supremo les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión. Llarena considera que no hay riesgo de fuga, pero aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de las cuatro personas que mantiene en prisión. En su auto, analiza los requisitos legales para acordar una medida de cárcel preventiva, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. El magistrado considera que la situación de los exconsejeros y los Jordis es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento autonómico, en cuanto que su aportación al delito se situaría en un plano equivalente al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell y no hay peligro de fuga porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.
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Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la «lesividad» que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones. El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que «sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella». En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el «asedio» por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.
«El riesgo de reiteración de sus conductas impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física», añade el magistrado.
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En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva «refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad». El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, «sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real».
Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y / o apelación ante la Sala Segunda del TS.
