El economista / El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro que no quiere volver a subir los impuestos; sin embargo, Bruselas sí que le da margen para seguir apretando las tuercas fiscales, en siete ámbitos diferentes, sin traicionar a su palabra, apelando al hecho de que está cumpliendo con mandatos provenientes de la Comisión Europea.
Así va a ocurrir, en primer lugar, en lo que concierne al IVA, el impuesto indirecto que el jefe del Ejecutivo ha distinguido con más ardor como intocable, tras la subida que experimentó en septiembre pasado.
Poco antes de que Rajoy se mostrara tan inflexible, a finales de abril, el Consejo de Ministros ya había dado el visto bueno al aumento de los gravámenes que pesan sobre la adquisición de equipos médicos en los hospitales, sobre los productos que se usan para elaborar medicamentos, y también sobre los servicios de notarios y registradores de la propiedad cuando intervienen como mediadores en operaciones financieras.
El IVA
En virtud de esa decisión, la adquisición de una gran variedad de instrumental en los hospitales dejará de tributar de acuerdo con el tipo reducido del IVA y lo hará según el ordinario. Desde escáneres y aparatos de rayos X, hasta jeringas y tiritas, pasando por termómetros clínicos o guantes estarán en breve gravados al 21% y no al 10% como hasta ahora.
La subida puede fundamentarse no sólo sobre mandatos y conminaciones procedentes de Bruselas, sino también de Luxemburgo, donde tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión, institución que ha dictado sentencia al respecto.
Con el argumento de que se obedece a ambos organismos, aún se va a producir un incremento todavía mayor en lo que concierne a la carga fiscal que soportan los productos que se utilizan en los laboratorios para elaborar medicamentos, desde el 4% de IVA superreducido hasta el 21% ordinario.
El cambio más radical
El cambio es más radical en lo que incumbe al estatus fiscal de los servicios que notarios y registradores de la propiedad y mercantiles prestan cuando dan fe en el transcurso de operaciones financieras. En España esta actividad fedataria ha estado libre de toda tributación por IVA.
Pero ahora la participación de un notario en la concesión de todo tipo de crédito o préstamo (incluidas, por supuesto, las hipotecas), o en la presentación de garantías (fianzas, avales, cauciones?) o en la compraventa de acciones o participaciones pasa del 0% de rendimiento fiscal al, una vez más, 21%.
Es cuestión de tiempo también que España acabe trasponiendo a su ordenamiento jurídico la directiva europea que dotará de vigencia en nuestro país a la denominada euroviñeta, no en vano Fomento reconoce que lo tiene pendiente. Se trata del cobro de un peaje a los camiones (en general, a los vehículos de 12 toneladas o más) por el uso de las autopistas; una vez pagado, el vehículo lo manifestará luciendo una pegatina (o viñeta) homologada.
El Ministerio que dirige Ana Pastor, por ahora, no se ha fijado una fecha para la trasposición de la directiva, cuya tasa puede suponer que se imponga el cobro de, aproximadamente, 12 céntimos por cada kilómetro de recorrido y una recaudación para las arcas públicas que puede llegar a 3.300 millones de euros por año, de acuerdo con los cálculos de expertos del sector.
Compensar el deterioro
Todo ello en compensación, defiende Bruselas, por el deterioro que provocan los vehículos de gran tonelaje en las infraestructuras viarias y por lo mucho que contaminan.
A propósito del medio ambiente, Bruselas también ha allanado el camino, y el Gobierno se mostró dispuesto a recorrerlo en el último Consejo de Ministros de abril, a atacar por este flanco para subir la recaudación. El Ejecutivo europeo lleva años presionando para que España eleve el muy exiguo rendimiento que su fisco obtiene de las llamadas tasas verdes, las cuales suponen poco más del 5% del total de la recaudación, cuando la media europea está en el 6,2% y países tan cercanos como Portugal logran elevar ese porcentaje hasta el 8%.
Está aún por definirse con exactitud lo que se recaudará gracias a la renovación de las ecotasas o el céntimo verde, mientras que está bastante más claro lo mucho que el Gobierno podría recaudar con la aplicación de la llamada tasa Tobin sobre las transacciones financieras. La propia Comisión Europea hizo los cálculos: 5.000 millones anuales, derivados de gravar con un 0,1% la compraventa de acciones y bonos y con un 0,01%, para operaciones con derivados.
El proyecto va por su segunda redacción y es difícil prever cuándo estará definitivamente listo; no obstante, lo que está claro es que Madrid quiere estar entre los dos tercios de los países integrantes de la Unión Europea, entre ellos Alemania, que quieren sacar adelante esta medida, que tanto repele a otros socios como Reino Unido.
Por último, Madrid también cuenta, desde hace semanas, con una recomendación muy concreta de Bruselas a la hora de acometer cambios en la tributación directa, concretamente, en lo que concierne al Impuesto sobre la Renta. En particular, la Comisión ha dejado escrito que «en el IRPF la desgravación de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea el ahorro». Ante la muy alta posibilidad de que ese tipo de beneficios fiscales tenga los días contados, los expertos ya han estimado que su desaparición puede reportar un extra de 1.200 millones anuales a las arcas públicas.
