TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
Plaza Nueva, 10
18009 – Granada
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe:
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”.
Formula,
DENUNCIA
Contra el Alcalde del Ayuntamiento de Marinaleda, Sanchez Gordillo, por delito de malversación de caudales públicos.
La presente denuncia se basa en los siguientes,
HECHOS
PRIMERO: El denunciado, según consta en diversas actas de la Junta de Gobierno local de Marinaleda a partir del 2010, figuran partidas destinadas a fines distintos de la Función Pública.
SEGUNDO: Nos estamos refiriendo que dinero público del presupuesto del Ayuntamiento de Marinaleda, se ha destinado al pago del servicio prestado “ POR AUTOBUSES MORALES, PARA DESPLAZAR A LAS HUESTES DEL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES, A OCUPAR FINCAS DE PROPIEDAD PÚBLICA (ENTRE ELLAS FINCA LAS TURQUILLAS) Y OTRAS DE PROPIEDAD PRIVADA”.
TERCERO: En el programa de 13 Tv del día 24/6/2013, en el Cascabel del Gato, dirigido por Antonio Jimenez, se entrevista al portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Marinaleda, Mariano Pradas, donde exhibe una documentación que acredita, el empleo de caudales públicos para contratar unos autobuses de la empresa Morales y desplazar a las huestes del denunciado a ocupar fincas públicas y privadas.
ORGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE
Al tratarse el denunciado de un aforado, ya que es parlamentario del Parlamento Andaluz, el Órgano Jurisdiccional competente para enjuiciarle a tenor del Estatuto de Autonomía, es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Estos hechos, son constitutivos de un ,
ILICITO PENAL
– MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS: a tenor de lo preceptuado en el artículo 433 y siguientes del Código Penal:
“La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.”
– Concepto de caudales o efectos públicos: Cualquier objeto o efecto, bien mueble, dinero, valores negociales, que posean un valor económico, aunque no sea actual.
– Bien Jurídico protegido: es un delito patrimonial en cuanto atenta a los intereses económicos del Estado y la fe pública en la confianza en la correcta actuación administrativa.
– Sujeto activo: a tenor de lo preceptuado en el artículo 34 del Código Penal, se trata de una autoridad pública o funcionario.
En su virtud,
SOLICITO admita la presente denuncia por ser conforme a derecho.
Es justicia que pido en Madrid, a 25 de Junio de 2013.
EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS
MIGUEL BERNAD REMÓN
OTROSÍ DIGO: DILIGENCIAS DE PRUEBA
1) Testimonial: Del portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Marinaleda, Mariano Prados.
2) Documental:
a) Actas de la Junta de Gobierno local desde el año 2010.
b) Video 13Tv del programa El cascabel al Gato, de Antonio Jimenez del 24/6/2013.
c) Expediente administrativo de las contrataciones con la empresa de autobuses Morales.
3) Cuantas interesen al Tribunal y al Ministerio Público.
Es justicia que reitero.
