Por Pedro Mur Llorente
La corrupción en la Justicia – de jueces y fiscales – es un tema muy candente en la calle debido a la exposición mediática a la que se han visto sometidas ciertas causas judiciales que han puesto en el punto de mira del pueblo llano a la profesión de las togas. Se habla de falta de independencia, de corrupción moral, de aproximación al poder, de blandura de manos a la hora de perseguir y enjuiciar a ciertos sectores.
Si la corrupción judicial existe las consecuencias de ello serían devastadoras, ya que los valores constitucionales sobre los que se asienta la democracia en nuestro país, valores como la justicia,la igualdad y la libertad, podrían estar siendo continuamente vulnerados por la falta de control real sobre jueces y magistrados deshonestos o gravemente negligentes, y sus sentencias injustas podrían estar dañando gravemente a muchos españoles.
Pero ¿Qué dicen las cifras…qué nos muestran las estadísticas? ¿Es que acaso las cifras dejan claro este tema? Veamos:
1- En el último decenio se han sustanciado en España más de 70 millones de asuntos relacionados con ciudadanos de a pie en todas las jurisdicciones. Según los Tribunales españoles sólo en 27 de estos asuntos un juez ha emitido una resolución deshonesta o negligente, o lo que es lo mismo, en el 0’00000014 % de los asuntos que entran en los juzgados. Es decir, solo una media del 0’00000014% de las resoluciones judiciales dictadas en España son consideradas – por los propios jueces claro está – como prevaricadoras…en concreto una de cada siete millones de resoluciones. De esta manera, el propio Estado nos quiere hacer creer que prácticamente no existen prevaricaciones en España; que podemos estar completamente tranquilos con nuestro sistema judicial; que es muchísimo más fácil que nos toque diez veces seguidas el premio gordo de la lotería, contra una de que un juez actúe de forma manifiestamente injusta contra nosotros en una resolución. Según nuestro sistema judicial, es prácticamente imposible que un juez no sea honrado. Esto es lo que la estadística nos está contando. Este dato es manifiestamente absurdo, y denota una espeluznante impunidad de los jueces prevaricadores en España.
2- Por otra parte, sólo El 1’55 % de las acciones judiciales contra jueces acaban en condena, es decir, para nuestro sistema judicial no existe, prácticamente, prevaricación alguna en las actuaciones judiciales de toda España. En alguna Comunidad el porcentaje llega al 0%… Es más, el 98 % de las causas presentadas contra jueces ni llegan a juicio; la inmensa mayoría de los procedimientos no parecen ser ni siquiera admitidos a trámite y, en consecuencia, según los propios jueces, “ni siquiera presentan indicios de delito”.
Las estadísticas nos hablan en definitiva de un poder judicial prácticamente inmaculado…como si estuviese compuesto por ángeles y arcángeles a las órdenes de un “Sumo Hacedor” judicial (El ministro de justicia de turno).
Estas estadísticas contrastan con las estadísticas de las sentencias que en estos años han condenado a miembros de otros colectivos profesionales, como médicos, abogados, arquitectos…
Las estadísticas nos hablan de que a pesar de que – esto es un hecho constatado – existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos, a pesar de la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, a pesar de la débil rendición de cuentas existente en la práctica judicial…resulta que tenemos un Poder Judicial prácticamente virgen y ajeno a toda sospecha de corrupción.
El delito de prevaricación judicial, que es el más grave en el que pueden incurrir los jueces o fiscales, es la mayoría de las veces de entendimiento sencillo y no puede verse como un simple error, porque este tipo penal consiste en resolver con argumentos que palmariamente atentan contra la razón del derecho y el sentido común. Por otra parte un abogado, que es también un jurista como lo es un juez, para que redacte y firme una querella contra un togado público ha de estar completamente seguro de lo que hace, y ha de haber estudiado el caso con absoluta profundidad, dados los “riesgos” que el abogado y su defendido pueden estar tomando con ello. Ni que decir tiene que para que un ciudadano se atreva a presentar una querella contra un juez ha de estar muy convencido de la injusticia, ha de haber buscado un letrado que defienda sus intereses – lo que no suele ser fácil – y haber puesto no poco empeño económico en el intento, asumiendo los “riesgos” que ello le pueda suponer en el futuro.
Después de estas consideraciones previas…la lógica filosófica y el sentido común obligan a dictar unas conclusiones en torno a este delicado tema.
El colectivo de jueces lo es de hombres cotidianos y normales, con sus virtudes y sus defectos, no de hombres todos ellos intachables e irreprochables en su trabajo como reflejan los datos aportados. Pensar que el 99’9999999 %, prácticamente el 100% de los jueces son incorruptibles e intachables en TODAS sus resoluciones carece de toda lógica… máxime cuando es público y notorio que el poder es un factor que con gran facilidad suele corromper o que provoca una gran tendencia a hacer abuso del mismo. Puede que los jueces actúen normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia en este colectivo no son suficientemente sancionadas.
Puede ser que la carga de trabajo a la que el poder político tiene sometidos a los jueces sea despiadada y que sea humanamente imposible que una gran parte de los jueces españoles puedan tener tiempo material para conocer con la suficiente profundidad los miles de asuntos que tienen que estudiar y resolver al año. Pero este hecho, comentado en muchas ocasiones en público por los propios jueces, sólo puede provocar muchas sentencias en la práctica negligentes que pueden estar castigando o perjudicando a muchos españoles injustamente, con la enorme gravedad y consecuencias que ello supone.
En las causas contra jueces o fiscales, los abogados – por pura lógica – deben estar seguros de la culpabilidad de los mismos. Sin embargo los magistrados ni siquiera ven indicios de delito en el 98% de los casos. Para ellos los abogados prácticamente nunca tienen razón… una contradicción difícil de explicar.
Las cifras expuestas en los párrafos anteriores podrían delatar la certeza de que dentro del sistema judicial, presuntamente se pudiera estar protegiendo a los jueces deshonestos o gravemente negligentes en el ejercicio de sus funciones. Todas estas cifras, junto a la evidente influencia del corporativismo judicial y la realidad de la politización de la Justicia, nos llevan a sospechar dicha realidad. Si esta realidad estadística de que son casi inexistentes las posibilidades de que un juez, o un fiscal, sea enjuiciado… y menos de ser condenado, es conocida por los mismos jueces – lo cual es altamente probable – se podría estar alimentando hasta grados insospechados la corrupción de los jueces faltos de la honestidad necesaria para ejercer su función pública. Contando con esa impunidad real y consciente, quedaría pervertido el sistema de la Justicia en España, con consecuencias extremadamente graves.
De ser estas conclusiones ciertas, al ser el poder judicial un pilar fundamental de nuestra Constitución, el orden de cosas establecido en la Carta Magna y en la propia Democracia estaría muy en entredicho. Bajo una apariencia de bien hacer, los derechos y valores fundamentales constitucionales de tutela judicial efectiva, de igualdad, de libertad y de seguridad, y otros hasta no se sabe qué extremos, podrían estar conculcándose en España por un gran número de jueces, bajo el patrocinio de la parte corrupta del poder político y de su propio corporativismo como colectivo.
Esta realidad puede haber llegado a convertirse en una verdadera afrenta al pueblo, que ve cómo el artículo 117 de la Constitución, que da sentido democrático al Estado, no se respeta pues dispone que “La justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados”, mientras el pueblo – el dueño – se ve incapaz de someter a sus propios administradores jueces, magistrados y fiscales deshonestos.
Por eso ha llegado el momento de que los ciudadanos españoles pongamos TODA la presión sobre TODOS los partidos políticos para que estos instrumenten los necesarios cambios legislativos, como por ejemplo… conseguir que las causas contra jueces, magistrados y fiscales las vea el Tribunal del Jurado.
¡Qué miedito… eh…Gallardón !
