La Sección sindical de Justicia de la Unión Nacional de Trabajadores en la Comunidad Valenciana, manifiesta:
Ante la situación actual sobre la privatización del Registro Civil, impulsada por el ministro Sr. Gallardón y defendida por el Gobierno del Partido Popular (pero ya iniciado por el anterior gobierno del PSOE), se ha de manifestar, ante la insistencia del mismo, de que seguirá siendo gratuito, de desjudicializarlo para aliviar la carga de trabajo de los juzgados ya que indica que es una actividad que no deben hacer los jueces, y que seguirá siendo gestionado por funcionarios públicos, «pero no de un único cuerpo porque en función de la división territorial de España habrá que buscar lo más adecuado», según ha manifestado.
Después de pretender que fuese llevado por los Registradores de la Propiedad y de Notarios, que no es más que por intereses espúreos, ahora viene diciendo que iba a ser gratuito y que se iba a mejorar el mismo, se ha demostrado que los Registradores de la Propiedad y Notarios, por ellos mismos manifestados pretendían cobrar por los trámites que los ciudadanos iban a hacer en los mismos. No es una invención: son ellos mismos quienes lo han indicado hasta la saciedad, quieren cobrar, de una manera u otra, el acceso a la Justicia y, en concreto, al Registro Civil, por todos los trámites que las personas hagan. Ellos mismos se han negado (Registradores y Notarios) a que sea gratuito el Registro Civil.
Y no solo eso, si no que, además, lo hecho por los mismos en estos pocos meses en los que se les ha encargado la práctica de ciertos trámites, por una parte, han percibido del Estado un buen montante de dinero para ello (con lo que supone en la práctica, que el ciudadano ha pagado por partida doble, vía impuestos más una cuantía de dinero que el gobierno ha destinado a los Registros de la Propiedad y Notarios), además, de conseguir una ralentización mayor de los trámites. Ya que unos trámites que se iniciaban y terminaban en los Registros civiles, por el camino han tenido que desviarse a los primeros para volver a los segundos, con el trasiego de expedientes, personas, etc… de un sitio a otro. Y, para más inri, unos trámites que no han hecho en su totalidad y que han debido de asumir los Registros Civiles de nuevo.
Es decir, ha habido un aumento de cuantía económica (y bastante), además de sobrecarga de trabajo que no han hecho ellos y que han debido de resolver los segundos para que las personas interesadas pudieran ver solucionados los trámites.
¿A qué estamos jugando? No hay ahorro económico. No hay ahorro de papeleo. No hay ahorro de tiempo. Tres aspectos que tanto el Sr. Gallardón, como su gobierno y como el anterior, pretendían «vender» a la sociedad. Nada más lejos de la realidad. No sólo no ha habido mejora alguna, ha empeorado de manera alarmante, por unas medidas y unos intereses ¿torticeros?
También pretende el gobierno «desjudicializar» el Registro Civil, manifestando que así «aliviará» la carga de trabajo de los juzgados. No se trata de eso, se trata de organizar bien la Administración de Justicia para que el trabajo se lleve mejor, rápido y con seguridad jurídica. El desjudicializar, no supone más que el traspaso de unas funciones a otras manos, ni supone ahorro económico, ni ahorro de tiempo y mucho menos, seguridad jurídica.
Sencillamente, las funciones judiciales han de seguir recayendo en el Poder Judicial, pero basadas en una organización, equidad e independencia, que no las dán otros organismos.
Seamos serios. Si, efectivamente, se quisiera dar un perfil actual, moderno y rápido, la única forma de lograrlo, es mantener un verdadero Poder Judicial libre e independiente, con unos mecanismos económicos y organizativos actuales y basados en una verdadera Carrera Judicial Profesional, servido por unos funcionarios judiciales que, además, tuvieran la facultad de poder organizar y gestionar la misma. Ellos, quienes están en contacto directo con la sociedad y conocen sobradamente los defectos de la Administración, saber perfectamente como solucionarlos.
También ha afirmado que serán funcionarios públicos quienes se ocuparán de gestionar este servicio, «pero no de un único cuerpo porque en función de la división territorial de España habrá que buscar lo más adecuado». Pues bien, ni actualmente gestionan dicho servicio ni se pretende que lo hagan. Nunca ha sido la pretensión ni de este gobierno ni de los anteriores y, como se ha visto, ni los siguientes pretenderán implantar un servicio público bien gestionado, libre e independiente. Se ha demostrado por los sucesivos gobiernos que, lo único que les importa, es tener bien «amarrada» la Administración y, en concreto, la de Justicia.
Por otra parte, ¿a qué se refiere con lo de buscar lo más adecuado en función de la división territorial de España? Sencillamente, más de lo mismo: una Administración (no como servicio público), ni tampoco libre e independiente. Se busca, irremediablemente, particionar una Administración, trocearla, para darla a los diversos «reinos de taifas» que hay actualmente, para que la Administración deje de serlo, y sea meramente algo dependiente de unas pocas manos. Y, con eso, para poder hacer y deshacer a su antojo, sin la debida supervisión judicial.
Una Administración dependiente, es meramente un organismo partidista con todos sus cargos «puestos a dedo».
Más que una Administración de Justicia, no es más que el reparto de una tarta, entre unos pocos, para uso y servicio de intereses particulares, de unos caciques (partidos y sindicatos y adláteres), en perjuicio de la sociedad, a la que debiera servir.
Un verdadero Registro civil, una verdadera Administración de Justicia, es la que es PÚBLICA, la que presta un verdadero SERVICIO a la sociedad, desde un funcionamiento libre, independiente y basado en una seguridad jurídica para todos y cada uno de los ciudadanos.
Eso, solo lo puede hacer realmente, si sigue siendo un SERVICIO PÚBLICO, destinado a la sociedad, servido por funcionarios y no por personal designado a dedo por organizaciones ajenas al mismo.
¡EL REGISTRO CIVIL ES DE TODOS!
¡EL REGISTRO CIVIL ES TUYO!
¡DEFIÉNDELO!
¡SI LUCHAMOS, PODRÍAMOS PERDER; SI NO LO HACEMOS, SEGURO QUE PERDEMOS!
Unión Nacional de Trabajadores
