Por Pedro Conde Soladana para elmunicipio.es
Cuando las sociedades se debilitan, aflojan y se pudren moralmente, sus códigos de conducta, su escala de valores, sus principios, se evaporan como el vaho de una caldera bajo la lumbre.
Las leyes se convierten en una pantomima en la que sólo a los débiles se les aplican en todo su rigor, mientras se tornan en maliciados instrumentos de servicio y socorro a delincuentes de alto rango y copete, con poder institucional, político o económico; como son esas sentencias de pitiminí ante delitos muy graves, a las que siguen amnistías fiscales o indultos escandalosos para maleantes de cuello blanco, parientes o soberbios plutócratas financiadores de partidos en el poder.
A tal extremo llega la pudrición de los políticos en estas sociedades en descomposición que las más graves fechorías, definidas por las leyes en su calificación y tasadas en sus penas, quedan en letra muerta y papel mojado cuando los delincuentes son ellos mismos; dejando al poder judicial, tercero de los tres, relegado al papel de mayordomo con puñetas de los otros dos. En este caso al nombre de Estado de Derecho se le añade un adjetivo: Estado Feudal de Derecho; lo cual, además de una aberración, un absurdo, es un sarcasmo.
Hablemos del delito de alta traición que es en este momento de España el mayor, el más notorio y escandaloso cometido, ante la vista atónita de su pueblo, por los dirigentes de una comunidad autónoma, Cataluña, que son a su vez representantes del Estado nacional en la misma. El pasmo, sin embargo, no se produce por el acto delictuoso de los transgresores de la Constitución y sus leyes derivadas; los separatistas, de tiempo atrás, nos tienen acostumbrados a sus voces desafiantes por un objetivo sin base ni razón cual es la ruptura de España; cuando conocemos además su paranoia de ensoñaciones feudalistas y, por otro lado, su conducta de rateros. El extremado asombro, la estupefacción de los ciudadanos españoles es ante la reacción de las supremas magistratura de este sedicente Estado de Derecho que están dotada legalmente de todos los medios e instrumentos para cortar de raíz cualquier intento o mero simulacro de una trasgresión gravísima como es la ruptura de la nación española.
Es tan aparentemente inexplicable la conducta del actual Jefe del Estado, el rey, como lo fue la de su padre, que, aunque no gobierna, reina y tiene atribuido nada más y nada menos que el cargo de Capitán General de la Fuerzas Armadas cuya responsabilidad constitucional es garantizar la unidad de esta nación conocida bimilenariamente como Hispania, las Españas o España. Es tan aparentemente inexplicable como la del Presidente del Gobierno al que la misma Constitución le ordena, por el juramente que le hizo al tomar tal cargo, aplicar el más estricto de sus artículos, el 155, cuando se produce el incumplimiento que lo contraviene como es el intento de proclamar la independencia de Cataluña.
¿Qué dice dicho artículo?: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan o actuare de forma que atente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Como se ve y se lee, el mandato constitucional contenido en este artículo faculta de manera definitoria y definitiva a los poderes del Estado para obligar a la Comunidad Autónoma a cumplir con sus obligaciones con la nación a la que pertenece. Es el poder ejecutivo el que sin esquivar, sin derivar sus responsabilidades ni a tribunales Supremos o Constitucionales, ni a Fiscalías del Estado, solamente con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, puede obligar a las autoridades rebeldes y transgresoras de esa Comunidad que incumplen con las obligaciones a someterse a lo que marca la Constitución y otras leyes.
Y ¿qué ha hecho el actual Gobierno de España, presidido por un tal Mariano Rajoy Brey? Entre otros delitos, prevaricar por un lado y cometer perjurio por otro incumpliendo el juramento que hizo ante esa constitución al tomar su cargo. Delito éste, el perjurio, que no tiene otra calificación penal que el de alta traición y otra condena y pena, en estos tiempos, que la de cárcel.
En otros tiempos se les habría aplicado la pena de muerte por traidores. Pero eran otros tiempos en los que España era también otra cosa.
Pedro Conde Soladana
