Por Eduardo López Pascual para elmunicipio.es
Sin duda alguna todos pedimos y queremos justicia. Exigimos, que cualquier acto punible sea castigado con las resoluciones judiciales que merezcan los delitos cometidos, que nadie quede impune por los desatinos de sus responsabilidades, mucho más si estas alcanzan valores de universalidad como pueda ser la comisión de atentados contra la libertad, la integridad, o la vida de las personas. En esto quiero ser claro. Nada impedirá que, personalmente, espere que se cumpla las condenas que la justicia, con mayúsculas, prevé para aquellos que la olvidan o la transgreden. Pero estas mismas invocaciones, requieren como es natural, unas condiciones de ejecución que no debemos de relativizar o dejar a un lado, como son la rapidez en los procesos y sus fallos, la universalidad de la independencia de jueces y fiscales, y la de aquellas instituciones que hubieran presentados denuncias y querellas, porque no se entiende que haya justicia “Justa”, valga la redundancia, si están viciadas de origen.
El caso de las extradiciones solicitadas por parte de una jueza argentina dirigidas a antiguos altos dirigentes del franquismo, me parece oportuno para reflexionar sobre esas prioridades que pido, pues aunque en principio pueda estar justificada la causa, pierde casi el cien por cien de su valor al compararlas con otras situaciones de gran similitud en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, podría estar de acuerdo con La jueza Sirvine, -la instructora argentina-, si ella misma hubiera sido firmante de una extradición ante el dictador germano oriental Honecker, último responsable de miles de crímenes en la RDA, o de los hermanos Castro coautores de innumerables asesinatos políticos, o de Josep Stalin y sus ministros que marcaron un antes y un después en los genocidios reconocidos, o que decir de los mandamases chinos, con su política de exterminio y la plaza de Tianamen, o las muertes en la Hungría de Bela Kun, la Albania de Hoxha, en fin, la por desgracia enorme cantidad de acciones absolutamente deshumanas y trágicas que han asolado la historia de tantos países.
Mientras las iniciativas judiciales de este tipo se reduzcan a solo unos determinados hechos políticos, discriminados y con tufo a sectarismo ideológico, no parece nada ético que tengamos que aprobar aquellas querellas, que más indican un cierto morbo, que una profesional actuación jurídica como así tendría que ser. Conste que con ello no pretendo descalificar a quien de verdad y con sentido objetivo busca justicia, pero en estas cosas es difícil el obviar las propias tendencias doctrinales de cada uno. Por otra parte, alguna vez habría que tener vigencia el principio del tiempo, ya que revisar ahora sucesos que tuvieron lugar hace cerca de un siglo, resulta cuando menos extravagante y, por esas, se tendría que revisar y condenar hechos registrados en épocas tan antiguas como las piratería de la reina Isabel en la Inglaterra del siglo XVI o los estados de terror producidos por los jacobinos en la revolución francesa, o más reciente, las atrocidades cometidas en la guerra de secesión en la Norteamérica de Lee y Grant. Sin embargo, gentes como los dictadores de Cuba o China, por no citar a los culpables de las matanzas en los Balcanes, verdaderos genocidios, muchos de ellos campando por sus respectos, no tienen las resonantes exigencias de algunos jueces y juezas a los que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, quedan posicionados a un costado del barco, siempre o casi, a estribor de las conductas.
No hará falta repetir aquí que todos los que hayan cometido delito de lesa humanidad, tengan su natural sentencia judicial, y no obstante, se tiene que obrar con la suficiente fuerza legal y sobre todo ajustada en denuncias, procesos y resultados, con las demás situaciones dadas en otras partes y en otros tiempos. Lo malo, es que como hemos apuntado anteriormente, esto no se da fuera de las clásicas acusaciones de dudosa procedencia democrática. Y ahora, ante la última llamada de la justicia dirigida y promovida por personas directamente afectadas, pero todas de ideas muy conocidas, me vienen las palabras que un socialista histórico, español por encima de todo, ninguneado por sus propios correligionarios quizá por su pensamiento objetivo, como era el ministro con la República Española, Indalecio Prieto, pronunciara al poco de terminar la horrible contienda civil del 36 desde su exilio en México: “Los hombres vencedores o vencidos pasan, y España queda. O debe quedar. Y a fin de que quede en España la concordia ha de extinguir los rencorosos afanes de mutua venganza” (Sic). Tal vez fuera conveniente dejar de una vez los viejos fantasmas de una historia ya pasada. No lo digo yo, sino un destacado y honesto socialista. Y para acabar, no pretendo negar la responsabilidad de quien por acción u omisión hayan traspasado la raya de la ética y la justicia, fueran unos u otros, pero siempre que se atienda a la más estricta imparcialidad, si no, no vale.
Querido Eduardo:
¿Qué justicia se puede esperar o puede impartir un sectario, en este caso una sectaria, por muchos ropones de juez que se eche encima si en su mente y en su alma predomina la ideología sobre el espíritu de la ley?
Cualquier ideología; pero si hay alguna que rezume sectarismo, doblez y malas artes es la que llevó aquel Vladimir Ulianov, de fatídico sobrenombre Lenin, a decir: «Libertad ¿Para qué?»
Un abrazo y un ¡Arriba España! Ahora más que nunca.
No puedo estar más de acuerdo con tus palabras, querido amigo. Has acertado de plano en tu planteamiento. Dicen que detrás de esa juez está Garzón. porque lo que no consiguió aquí lo quiere conseguir desde allí.
Por ahí van los tiros, José San Román. Ahora sólo hay que acertar con que los tiros vayan en la dirección correcta.