La Diada del 11 de septiembre se ha puesto en marcha en pleno sofoco agosteño, que las cosas no se improvisan, aunque parece que, de momento, el personal no está muy animado, tal vez por eso mismo, por lacaló, que los organizadores sólo tienen cubiertos 2,2 kilómetros de los 5,2 con que cuenta la Meridiana, el gran teatro en el que la Cataluña secesionista quiere dejar boquiabierto a medio mundo. El temor de los organizadores de la cosa que es, como la Diada coincide con el arranque de la campaña para la consulta del día 27, muchos independentistas simpatizantes de otras candidaturas, mayormente de izquierdas, se nieguen a hacerle el caldo gordo a Arturo, Oriol y demás familia, a oficiar de comparsas en la macromanifa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, criaturas, como todo el mundo sabe, engendradas y mantenidas por la Generalitat hasta el punto de que sus ex presidentas, Carme Forcadell y Muriel Casals, figuran en la lista “Junts pel sí” en la que Artur Mas viaja emboscado en el número 4, todos por debajo de Romeva, el aparatoso hombre de paja que la comanda.
Voz Populi / Un tal Jordi Sànchez, nuevo presidente de la ANC, ha dicho que de momento sólo hay 170.000 inscritos, y que “eso no es suficiente”, pues el año pasado lo hicieron 550.000 personas. “No nos conformamos”, afirma, gallardo, Sànchez, que para animar al gentío ha puesto en marcha una campaña publicitaria “que ha costado 200.000 euros” según la prensa catalana, una cifra que ha provocado la carcajada de quienes conocen la pasta que se mueve por las sentinas del independentismo. En realidad Sànchez y su gente lo tienen fácil: todo consiste en llamar a Blue State Group, la firma de estrategia digital de Joe Rospars –responsable de las campañas electorales de Barak Obama o Dilma Rousseff, entre otras-, y dar la voz de alarma. Ellos son los que el año pasado dirigieron en la sombra con precisión de cirujano La Diada de 2014, un éxito de movilización. Ellos dan las pautas, destilan los mensajes, deslizan las provocaciones, encienden los motores, marcan los tiempos y dicen cuándo hay que apretar el acelerador. Ellos son auténticos maestros en el arte de movilizar grupos humanos. “Our work inspires and movilices people”. No son baratos: nada menos que 100.000 dólares diarios como pauta. Un lujo que sólo se puede permitir una Generalitat quebrada, hasta el punto de que el Gobierno Rajoy, que ha querido contratarlos para dirigir la inminente campaña del PP a las generales de noviembre, ha tenido que abandonar la idea: demasiado caros.
A Mas, aliviado de la presión de tener que cargar con impuestos al personal que vive más allá del Ebro, el dinero parece salirle por las orejas. Miembros del aparato del Estado aseguran en privado que, a partir de 2013, la Generalitat viene inyectando no menos de 200 millones de euros al año a la causa independentista, 200 millones que Mas y su Govern detraen del dinero que los PGE destinan a Cataluña y que en lugar de invertirse en Educación o Sanidad se van a financiar elEstadito clientelar paralelo que el secesionismo ha creado y del que ya vive mucha gente, cuya misión esencial no es gestionar el día a día de los ciudadanos de Cataluña, sino poner en jaque al Gobierno central. “Ese dinero explica fichajes como el de Blue State Digital, o el lobby Independent Diplomat del británico Carne Ross, responsable en parte del despliegue que vienen efectuando en el exterior, con la presión constante que ejercen ante cancillerías de todo el mundo, particularmente europeas, o las asesorías de todo tipo, agencias de comunicación, el ejército de robots y perfiles falsos en las redes sociales, la compra de medios de comunicación… Por no hablar del mantenimiento de la ANC, Òmnium y demás parafernalia, todo para poner en jaque a un Estado aparentemente indefenso, al que obligan a un agotador juego de perro guardián a través de las embajadas, dedicadas estos años a contrarrestar ese juego de iniciativas subterráneas, a tapar los túneles que la deslealtad de Mas le abre al Estado”.
Es la realidad de un Estado obligado a jugar a la contra de un Estadito que funciona en paralelo con el dinero que le proporciona el primero. “Es una aventura muy compleja [la independencia] que necesita mucho dinero, voluntarios y dinero”, como dijo la buena de Casals, la ex de Òmnium. Sobre todo dinero. La pasta dedicada a financiar la ensoñación nacionalista de la burguesía de CDC podría explicar el hecho de que Cataluña se encuentre a la cola de España en lo que a gasto social se refiere. Un estudio de la conselleria de Economía de la propia Generalitat, incluido en la última “Nota de Coyuntura Económica” publicada este mes, asegura que “Según datos de 2012, el gasto de Cataluña en protección social fue de 43.034 millones de euros, cifra que representa un 22,3% del PIB. Este porcentaje es inferior a la media española (25,9%), de la UEM-18 (30,4%) y de la UE-28 (29,5%)”. Los datos de 2012 son consecuencia, entre otras cosas, de la decisión de Mas de, en pleno 2011, lo más duro de la crisis, recortar la renta mínima de inserción (PIRMI), dejando sin los 645 euros de ayuda a un 25% de los que hasta entonces la recibían. Había que ahorrar para financiar la secesión. El recorte del molt honorable se ha mantenido a lo largo de 2013, 2014 y 2015. Son esos pequeños “detalles” que parecen ignorar los Romeva de turno, los marxistas desorejados que alegremente forman la cohorte acrítica que escolta el nacionalismo rancio y reaccionario de don Arturo y los suyos.
Avanza la deslocalización de empresas
Es verdad que, como dice propio estudio de la consellería de Economía, “las prestaciones sociales tienen un papel fundamental en la redistribución de la renta y en la reducción de la pobreza” pero, pelillos a la mar, ¿qué supone la pérdida de esa prestación para la gente más humilde, cuando lo que está en juego es la independencia de la patria inventada? Una más de las contradicciones del prusés, difícilmente entendibles en cualquier democracia al uso. “Casi mil empresas se han deslocalizado de Cataluña desde que se ha iniciado el proceso soberanista”, ha advertido esta semana Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, la patronal de las pymes catalanas. “Cuando se constata que ese camino conduce a la nada, las preocupaciones crecen y la deslocalización también (…) Los empresarios ya sabemos el daño que Mas ha causado y no queremos pensar lo que sería la independencia: un verdadero disparate”.
El trabajo de los embajadores de España en el exterior es, con todo, relativamente sencillo, pues consiste en explicar que en la deriva del nacionalismo hacia el precipicio de la independencia no se encuentra ningún genuino intento por mejorar las condiciones de vida de los catalanes, muy castigadas, como la del resto de españoles, por la crisis (dificultades más fácilmente superables juntos que separados, como es fácil imaginar), sino la necesidad de evitar dar explicaciones ante los electores por el fracaso del Govern a la hora de gestionar la crisis y gobernar para todos los catalanes, y, en última instancia, el deseo de huir de las responsabilidades penales derivadas de la corrupción en que ha venido nadando Convergencia (con Jordi Pujol a la cabeza) y la elite política nacionalista.
Según el estudio “Regional Governance Matters: Quality of Government within EU Member States”, de abril de 2013, documento oficial de la UE, obra de Charron, Dijkstra y Lapuente (Universidad de Goteborg), Cataluña ocupa el puesto 130 en la clasificación de los Gobiernos regionales más corruptos y es la última de la península, por detrás de Galicia (69), Madrid (115) y Andalucía (120). La breve presentación en distintos idiomas del informe señala que “El índice europeo de la calidad del Gobierno (EQI, en inglés) para los 27 países de la UE, entendido como baja corrupción, servicios públicos imparciales y estado de derecho, muestra variaciones notables dentro de los diferentes Estados: mientras que algunas regiones con un alto desempeño en Italia y España (por ejemplo, Bolzano o País Vasco) están clasificadas entre las mejores de la UE, otras muestran un pobre desempeño por debajo de la media en la Unión (caso del Veneto o Cataluña). El índice está altamente relacionado con los niveles de desarrollo socioeconómico y de confianza social, aunque la descentralización política no está vinculada a una mejor calidad del Gobierno”. Blanco y en botella.
Movilizar a la Cataluña silenciosa
Llega el momento de la verdad, el momento de confrontar con los electores esa anomalía –en realidad auténtica perversión- democrática que es hoy Cataluña. Artur Mas se encuentra justo al borde del precipicio. Que caiga o no al vacío dependerá de lo que ocurra el 27-S, lo que a su vez dependerá de la movilización de la Cataluña silenciosa por parte de los partidos constitucionalistas y de la carne que, por una vez, el Estado, es decir, el pusilánime Gobierno Rajoy, sea capaz de poner en el asador catalán. Recursos tiene para aburrir. Si no logra un resultado que pueda vender como un éxito indiscutible, Arturito estará muerto y el independentismo recibirá un golpe capaz de ponerle contra las cuerdas durante años. De ahí la importancia del envite del 27-S. Con una participación del 60/65%, la mayoría separatista en el parlamento catalán estará garantizada, como ayer afirmó en El Escorial José Ramón Bosch, presidente de Societat Civil Catalana.
Las dádivas al separatismo catalán están ya fuera de lugar. Los paños calientes tendentes a reconciliar al independentismo mediante concesiones fiscales o más cesiones políticas están condenados al fracaso, puesto que ellos ya no están ahí. Las políticas deberían orientarse ahora a fortalecer y rescatar de la cloaca de la demagogia separatista a los millones de catalanes asustados y/o aturdidos, también confundidos,emprenyats incluso, que aún no se han rendido de una forma explícita al nacionalismo, desplegando ante ellos la oferta de una España integradora, más próspera, más libre, más democrática y más justa. Una España que en nada debería parecerse a la desnortada y corrupta que ahora padecemos. La única forma que se me ocurre para rehacer los puentes sentimentales con Cataluña dañados o destruidos, es haciendo posible entre todos esa España digna de ser vivida. Una España reconciliada con la regeneración democrática. ¿Es tan difícil de entender, señor Rajoy?
