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Las mafias fuerzan a 45.000 mujeres a ejercer la prostitución en España

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El 90% de las 50.000 mujeres consideradas meretrices en España lo son contra su voluntad y resulta muy difícil que denuncien tal situación porque se hallan bajo amenaza, según Rocío Nieto, presidenta de APRAMP, una ONG pionera en la lucha contra este fenómeno. «No podemos hablar ya de prostitución, sino de trata de seres humanos», aseguró ayer en un acto institucional presidido por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en el que se expusieron medidas para afrontar el problema. La explotación sexual genera en nuestro país 3.700 millones de euros anuales y, según la especialista, sus víctimas suelen proceder de Nigeria, Rumania y Brasil, principalmente, y no superan los 35 años.

El Correo / Alfonso Alonso expuso el II Plan contra la Trata, una estrategia integral que pretende concienciar sobre dicha lacra, luchar contra las mafias de la prostitución, y detectar a aquellas personas en situación de riesgo y prestar ayuda. «Es muy difícil que las afectadas denuncien lo que sufren si no se les ofrece trabajo, papeles y protección», indica la especialista.

El engaño precede al abuso. En algunos casos, las muchachas llegan con promesas de empleo, aunque tampoco es extraño que el novio las haya vendido a las redes por unos 6.000 euros en Bucarest y, tras convencerla para disfrutar de las playas de la Costa del Sol, la inocente turista sea, poco después de su llegada, introducida en un piso junto a otras compañeras de infortunio. Desde allí, el destino puede ser un club o la madrileña calle Montera. «Pero nunca dirán que están obligadas», advierte. Según explica, el riesgo de la delación es una paliza o permanecer recluida en un sótano varios días sin probar bocado.

«Entrar es sencillo, salir, casi imposible», añade. La abultada deuda del pasaje y los gastos de mantenimiento constituyen frecuentes motivos para retenerlas y, a menudo, la presión familiar también contribuye a esa imposibilidad de recuperar la libertad. «Muchos padres reciben dinero de las jóvenes y no preguntan su origen», apunta. Si se rebelan, ellos también se quejan a la prostituida porque ya no reciben los acostumbrados ingresos y alguien ha amenazado la vida o integridad de un hermano, por ejemplo, lo que provoca recaídas. A ese respecto, Nieto demanda una acción conjunta de las ONG, la Fiscalía y la Policía, a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), para apoyar a las muchachas y desarticular las bandas.

Violencia física

No menos de 4,5 millones de personas son obligadas a prostituirse en todo el mundo, tal y como se expuso ayer, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Las cifras son posiblemente mayores porque es difícil evaluar las dimensiones de un negocio ilegal y clandestino que prospera gracias a una elevada demanda y la concurrencia de numerosos agentes. «Para algunos dueños de bares resulta rentable poner unas camas», sugiere.

La trata conculca todos los derechos de la persona e, incluso, afecta a su integridad física y emocional. Una de cada dos víctimas ha sufrido violencia física o sexual y más del 40% sufre trastornos por ansiedad, depresión o estrés post-traumático, tal y como revela un estudio de la entidad vasca Anesvad en centros de rehabilitación del Sudeste Asiático. «Es un dinero rápido, pero no fácil», advierte Rocío Nieto.

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