La delegada de Hacienda de Puerto Real (Cádiz), de Sí se puede (la marca blanca de la formación de extrema izquierda -Podemos-), Mónica González (a la derecha de la imagen), está imputada en una causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga la estafa millonaria que pudo cometer la empresa Eurowork contra miles de inmigrantes de origen hispanoamericano.
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Agencias / La propia concejala y el alcalde, Antonio Romero, este mediodía han acudido ante los medios de comunicación para explicar los detalles de este caso, ha comunicado el Ayuntamiento de Puerto Real en un comunicado.
El caso se retrotrae al pasado año 2006 cuando González trabajaba como administradora única de Eurowork, un proyecto que pretendía ayudar a buscar trabajo a los inmigrantes llegados de diversos países americanos a España, según ha señalado varias agencias de noticias.
Esta entidad se encargaba de gestionar los visados, para lo cual cobraba unos 400 euros a los solicitantes, y de buscarles trabajo, pero ese empleo no llegaba y la devolución prometida del dinero no se ejecutaba, lo que motivó más de 5.000 denuncias.
En unas declaraciones al periódico Diario de Cádiz, González se ha autodefinido como «una estafada más» y ha negado ser partícipe del engaño, ya que no tenía acceso a los pagos ni a las cuentas de Eurowork.
«Cuando me contaron el proyecto pensé que era precioso y que era lo que yo quería hacer», ha indicado a los medios de comunicación González, quien ha hablando publicamente a las 13:00 para dar su versión sobre este asunto a los medios y confirmar si sigue como concejala o presenta su dimisión.
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Mónica González no es la única edil investigada judicialmente en el gobierno de Puerto Real, ya que también la Fiscalía ha enviado a la Audiencia Nacional la denuncia por los mensajes ofensivos que dejó en las principales redes sociales otro edil de la formación política radical Podemos, Juan Antonio Pontones, en los que llegó a elogiar a los GRAPO y a desear la muerte de policías nacionales.
