Por Pedro Conde Soladana para elmunicipio.es
Sólo escribir el título da dolor. Es como una terrible paradoja. La justicia como principio ha de tener a la impostura como uno de sus contrarios. Sin embargo, como institución, todos hemos podido comprobar aquí y ahora que personajes de carne y hueso, revestidos con los ropones y puñetas que la representan, hacen de esa falsedad un argumento jurídico en defensa del delincuente; si éste, claro, es de alta alcurnia o alto copete y poder adquisitivo. Lo estamos viviendo en la actualidad y sufriendo de mucho tiempo atrás.
Todos cuantos adjetivos, epítetos, calificativos, denuestos, etc., aplicados a la Administración de la Justicia en algunos casos, no sé si serían suficientes y sobrados para definir y describir la desvergüenza y miseria moral de ciertos administradores y responsables de la misma.
El juicio de Palma, que se celebra en estos momentos en Mallorca y pasará a la historia judicial con ese nombre, “Juicio de Palma”, quedará para los anales como el más vergonzoso acto de prevaricación de dos instituciones del Estado, como son su cuerpo de Abogacía y el de sus fiscales. La conducta de uno de estos, el señor Horrach, y la de la abogada del Estado, señora Ripoll, arrastra por el lodo ambas instituciones en las que, sin duda, existen funcionarios dignos que sufren un auténtico bochorno por la ignominiosa y arrastrada conducta de esos dos colegas. Ítem más, la misma indecente conducta que subleva y avergüenza al resto de la ciudadanía por mantener y pagar a profesionales tan indignos al servicio del Estado Nacional.
Que a estas alturas del siglo XXI, después de dos de constitucionalismo, en los que la soberanía del pueblo tomó el absoluto protagonismo que le corresponde, para que al final el conchabeo y compadreo de las más altas magistraturas del Estado, el rey huido y el actual Presidente del Gobierno, con la tropilla de sus lacayos y leguleyos, lleguen a turbios e ilícitos pactos para exculpar a una infanta, separándola de la connivencia delictiva con su marido e inculpar a su vez a éste y exonerar a aquélla, es el mayor atentado contra esa soberanía según la cual todos y cada uno de los individuos de la nación somos iguales ante la ley, sea un ciudadano con corona o lo sea con zapatillas. Los argumentos de la defensa argüidos por aquellos dos representantes del Estado, fiscal y abogada, en pro de Cristina de Borbón y Grecia -¡tanta rimbombancia para tan flaca decencia!- son para frenética risa, además de definitorios de la mediocridad, inconsistencia y vileza de unos individuos, que más que lo que son y para lo que sirven deberían ejercer de porqueros de las cochiqueras reales si las hubiere.
¡Pues no dijo uno de los dos, ha tiempo, el fiscal, que la tal infanta todo lo hizo por amor! No es bueno, señor fiscal, mezclar sexo con latrocinio como argumento de defensa ante un tribunal. El pueblo soberano no lo entiende. Y si lo entiende, lo entiende mal. ¿Lo llegarán a entender rectamente los jueces? Pues ¡y la otra!, la abogada del Estado. Ahora resulta que no todos los ciudadanos somos Hacienda; que ese lema, “Todos somos Hacienda”, es una frase meramente publicitaria. Pues resulta engañosa la tal frasecita. Así que llevemos a Hacienda a los tribunales por publicidad engañosa. Vamos a allá, ¡acusación popular!, que aquí hay materia jurídica para meter también en chirona al mismísimo Ministro del ramo. Ya que todos, por lo que se deduce, están en el ajo. Y éste último, además, ha admitido facturas falsas, una no correspondiente al año del ejercicio, de la tal infanta, para desgravar en su declaración y llegar así a no sé qué tipo de delito con menor repercusión penal para ella.
Una pregunta al respecto sería: ¿Pues si tales altos cargos de la Administración se toman lo que realmente son principios de una Estado de Derecho como meros eslóganes, como deberá tomárselo el ciudadano dotado como está de soberanía por aquél y que religiosamente paga sus tributos para sostenerlo? La respuesta debe ser y es: Tomárselo, además de como una ofensa a todos los ciudadanos, como un delito contra el Estado.
Otra respuesta, menos jurídica aunque más bullangera y temible, sería que la ciudadanía se dirigiera en masa al Ministerio de Hacienda y sus delegaciones para decir al Gobierno en la cara dura del Ministro: “A partir de hoy los impuestos tendréis que cobrarlos aquí y a cada uno en esta plaza pública en la que nos encontramos. A ver si tenéis lo que hay que tener, ¡corruptos indecentes!
“No me parece mala idea, me dice uno que tengo al lado mientras escribo. Habrá que ponerla en marcha”.
Pedro Conde Soladana
El artículo es muy duro; pero no más duro que la penosa realidad de España, sus instituciones, su clase política y una ciudadanía que padece, en general, de un analfabetismo funcional y una peligrosa cobardía cívica. Así estamos abocados al abismo.