La llamada Izquierda Abertzale, que es tanto como decir ETA, según han reconocido recientemente a nivel judicial, ha lanzado un mensaje envenenado, sin citarlo, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por si es el nuevo presidente del Gobierno. Le exigen –que no piden–, que si llega a estar al frente del Ejecutivo cumpla «los compromisos adquiridos en 2011 por el Gobierno de entonces», que era socialista.
La Razón / A través de un escrito firmado por el dirigente de Sortu Rufino Echeverría, los proetarras revelan por primera vez el contenido de dichos acuerdos, tantas veces negados y desmentidos, en los que tuvo un gran protagonismo Alfredo Pérez Rubalcaba. Aseguran que «el compromiso del Gobierno del PSOE era un compromiso de Estado tomado para superar la principal cuestión de Estado (el fin del terrorismo de ETA)».
Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, estas exigencias podrían ser ratificadas «a corto plazo» por la propia ETA a través de un comunicado.
En este texto tratarían también de explicar a su militancia las razones que han motivado el reconocimiento de que las organizaciones de su entramado pertenecían a la banda y su posición sobre la estrategia del colectivo de sus presos (EPPK).
Los proetarras, en tono desafiante, se dirigen al nuevo Ejecutivo que se pueda formar, (salvo que sea encabezado por el Partido Popular, que ya ha demostrado que no va a caer en la trampa) para que «saque del cajón la denominada “hoja de ruta resultante” y que la cumpla empleando los medios necesarios para ello».
Afirman que el contenido de dicha «hoja» era el siguiente: excarcelación de los presos gravemente enfermos; mejora de las condiciones de vida; traslado escalonado de los reclusos al País Vasco; establecimiento de la delegación de ETA en un Estado europeo (para una negociación, lo que se cumplió con la presencia en Noruega de David Pla y otros miembros del «aparato político»).
Enfatizan que los temas que la delegación de ETA debía estudiar y acordar con los representantes del Gobierno español son los siguientes: vuelta a casa de los presos; regreso de los refugiados; desarme; desmilitarización; puesta en marcha medidas de ayuda para la reincorporación a la vida social de los presos y refugiados tras su regreso y otros.
En el largo escrito firmado por Rufino Echeverría se vuelve a incidir en las conocidas «letanías» de los proetarras, como que «en Euskal Herria es imposible hablar del pasado de la violencia, porque hoy, en 2016, sólo existe la de los Estados español y francés».
Anuncian que durante este año van a realizar un proceso llamado «Abian», partiendo de la base de «Zutik Euskal Herria» , que utilizaron para anunciar el supuesto fin de actividades de ETA. «Vamos a tomar decisiones que traerán consigo readecuaciones. En este momento, la Izquierda Abertzale se va a sumergir en un nuevo proceso interno».
Volviendo a las exigencias, señalan que «las competencias en materia penitenciaria deben ser transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral Navarra» y que «se fomentará la búsqueda de acuerdos amplios que favorezcan el proceso de reintegración de las presas y presos vascos mediante acuerdos entre fuerzas políticas y en las instituciones con la participación de los presos y las presas (…), para lo cual será necesario poner en marcha un plan de “excarcelación condicional anticipada”».
Impunidad
Los pistoleros que han escapado de la acción de la Justicia también tendrán un tratamiento especial: «en lo que respecta a las personas huidas, se facilitará el proceso de retorno. Para ello, por una parte, se procederá a un proceso de regularización en el caso de quienes no tengan causas pendientes; por otra parte, y con el fin de regularizar la situación de quienes tengan causas pendientes, se abogará por la elaboración de una legislación específica que regule la materia». Todo esto, de cumplirse, podría suponer que un etarra como José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera», pudiera volver a su casa sin problemas con la Justicia pese a estar en búsqueda y captura por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas niños.
A cambio de un supuesto desarme, y la destrucción de los arsenales de ETA, todo ello «verificado” por una «comisión independiente» (no por la Guardia Civil y la Policía), exigen la salida de las Fuerzas de Seguridad y de los Ejércitos del País Vasco y Navarra: «Siendo el objetivo final que la variable de las armas desaparezca definitivamente de la ecuación del conflicto vasco, se considera necesaria la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la asunción por parte de los Cuerpos de Policía Vascos de las tareas de protección y servicio a la ciudadanía».
En cualquier caso, vuelven a dejar claro que los presos rechazarán siempre «el arrepentimiento y la delación, porque son medidas de excepción que se utilizan única y exclusivamente contra los presos vascos, porque son injusticias contrarias a la dignidad de la persona y porque no suponen sino un obstáculo para encauzar la normalización política de nuestro pueblo. Al igual que las políticas de excepción, también deben anularse las medidas incluidas en la legislación de excepción».
Ésta es una de las medidas que incluye la legislación vigente para que los reclusos puedan beneficiarse de ciertas medidas, por lo que difícilmente se puede hablar de que se pide a los reclusos que acepten dicha legislación.
El PNV, tras la «estela» separatista de Salmond
El ex primer ministro escocés Alex Salmond acudió ayer en Bilbao a la presentación de la edición en euskera de su libro «El sueño nunca morirá» junto al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que señaló que Escocia es un «modelo» y los vascos siguen su «estela» para votar en referéndum su permanencia en España. Por su parte, el ex primer ministro escochés reconoció que Escocia «no es Euskadi ni Cataluña», aunque «hay lecciones comunes que podemos sacar», destacó.
