El director del colegio católico Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid), Carlos Martínez, se ha convertido en la primera víctima de la ley contra la LGTBIfobia aprobada el pasado mes de julio de este año 2016 en la Asamblea de Madrid.
La Gaceta / La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, ha sancionado al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón con una multa de 1.000 euros por la carta que envió a los alumnos y familias del centro en la que advertía acerca de la ideología de género y denunciaba los intentos de imponer una ideología a fuerza de sanciones.
La Consejería de Políticas Sociales ha considerado que el director de este centro católico debe ser sancionado por una infracción leve de la ley tras haber expuesto en una carta su punto de vista sobre la ideología de género y la ley contra la «LGTBIfobia». Ahora el director del colegio dispone de quince días para presentar alegaciones, según recoge la cadena SER.
La libertad en España, bajo amenaza
Esta sanción da la razón a la recién creada Plataforma por las Libertades que en su Manifiesto señala que la libertad en España se encuentra amenazada por la aprobación de leyes totalitarias que, bajo el pretexto de combatir la “LGTBIfobia”, tratan de imponer una ideología.
La Plataforma por las Libertades ha denunciado, asimismo, que estas leyes impiden que se pueda opinar en libertad bajo pena de sanción, niegan el derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género y atentan contra la libertad de educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones.
Denunció el ‘despropósito’ de imponer una ideología a fuerza de sanciones
La persecución contra el centro católico Juan Pablo II y su director comenzó el pasado mes de septiembre, cuando en una carta a las familias del colegio se señalaba que «nuestros políticos se entretienen en generar problemas inexistentes y complicar las cosas» y en lugar de «defender la familia y nuestras raíces cristianas», se ocupan en desarrollar «legislaciones tan absurdas como la Ley de Ideología de Género aprobada en la Asamblea de Madrid».
En la carta se denunciaba la «barbaridad» que supone «prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos». Asimismo, se afirmaba que la ideología de género es una maquinación condenada a la disolución y al fracaso.
El director del centro calificó de «despropósito» pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones. Celebraba, asimismo, que existan «obispos valientes que tienen clara su función pastoral de educadores y testigos de la verdad». Esta afirmación la hizo en referencia a los obispos de Alcalá de Henares y Getafe que condenaron el «ataque a la libertad religiosa y de conciencia» que suponen las leyes LGTB aprobadas en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.
Tras una denuncia de una asociación LGTB que tuvo acceso a esta carta, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ordenó una inspección al colegio y la Consejería de Políticas Sociales abrió una investigación para evaluar si el contenido de la carta conculcaba la ley contra la “LGTBfobia”. Además, la Comunidad de Madrid envió a la Fiscalía la carta para que investigara si su contenido incurría en posible delito.
La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid concluyó que la carta del director del colegio Juan Pablo II no vulneraba la normativa que rige los conciertos y que no había, por tanto, motivo para la revocación del concierto educativo. Asimismo, la inspección comprobó que las familias del colegio Juan Pablo II consultadas afirmaban estar «muy contentas» con la educación que sus hijos reciben en este centro de ideario católico.
