En una declaración institucional votada en el parlamento balear, la totalidad de los diputados apoyan un texto que califica de “honorable” la sociedad secreta de tintes demoníacos, que tanto daño ha causado.
Infovaticana / “…En 2017 la Masonería celebra en todo el mundo el tricentenario de sus ideales de librepensamiento y tolerancia fraternal entre todos los seres humanos. A través de esta declaración institucional el Parlamento de las Islas Baleares se une al reconocimiento de la honorabilidad de estos principios, con el deseo de que en el siglo XXI podamos ver el día en que cese el sufrimiento de los que aún hoy soportan persecución, sanciones, condenas penales, exilio o son ejecutados por razón de la defensa de la Masonería y de sus ideales profundamente democráticos…”
Esta breve declaración, cargada en un solo párrafo de innumerables falsedades, ha sido aprobada por la totalidad de los diputados del parlamento balear.
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Antes de la lectura, los portavoces de los grupos parlamentarios y la Presidenta del Gobierno de las Islas mantuvieron un encuentro con los representantes de la Gran Logia Provincial de Baleares de la Gran Logia de España.
En su campaña por la opinión pública, la propia masonería ha logrado que un jesuita, Pedro Álvarez, imparta una conferencia junto con uno de sus cabecillas, en el Colegio de Abogados de Madrid.
A lo largo de su historia la Iglesia católica ha condenado y desaconsejado a sus fieles la pertenencia a asociaciones que se declaraban ateas y contra la religión, o que podían poner en peligro la fe. Entre estas asociaciones se encuentra la masonería. En el siglo XVIII los Papas lo hicieron con mucha más fuerza, y en el XIX persistieron en ello. Clemente XII, en “In eminenti”, había condenado a la masonería. Más tarde, León XIII, en su encíclica “Humanum genus”, de 20 de abril de 1884, la calificaba de organización secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia.
En el canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917 establecía que “los que dan su nombre a la secta masónica, o a otras asociaciones del mismo género, que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la Sede Apostólica”. Actualmente, la legislación se rige por el Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, que, en su canon 1374, señala:
“Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho”.
Previendo posibles confusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones.
Se indica, además, que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia, y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión.
