El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, formado por el grupo de la ultra izquierdista Ada Colau, Barcelona en Común, y el PSC, sacará adelante una declaración institucional en la que se afirma que «…el régimen franquista fue proporcionalmente más criminal contra sus propios ciudadanos que los de Hitler y Mussolini…»
La declaración en la que se inserta tal frase lleva la firma de «Amical de Mathaussen y de otros campos» así como de las entidades «Associació Pro-Memòria als inmolats per la llibertat a Catalunya», Comisiones Obreras, la CGT, Fundación Andreu Nin, Fundación Salvador Seguí, «Grup d’Estudis Polítics», «Institut de Drets Humans de Catalunya», «International Commission of European Citizens», La Comuna-Presxs del franquismo, «Sos Bebés Robados Catalunya» y el Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales), que es la plataforma en la que trabajan antes de ganar las elecciones Ada Colau y sus tenientes de alcalde de referencia, Gerardo Pisarello y Jaume Asens.
El texto pretende ser una muestra de adhesión a la «Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina», la asociación que presentó hace siete años una denuncia contra el franquismo por genocidio y crímenes contra la humanidad ante la magistrada argentina María Servini en virtud del concepto de justicia internacional.
Nada nuevo en el Ayuntamiento de la independentista de extrema izquierda Ada Colau, Pisarello y Asens, salvo por la magnitud que se otorga al franquismo en la declaración institucional sobre la base de la «proporcionalidad» criminal y en comparación con el nazismo.
Por otro lado, el consistorio se compromete a «…interponer las acciones penales que sean procedentes a efectos de que los juzgados investiguen los delitos que se hayan cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad por la dictadura franquista que afectaron a ciudadanos de nuestra ciudad, se determinen las circunstancias en las que se perpetraron, quienes fueron los responsables directos e indirectos y que se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena…»
El año pasado y en el ámbito de la exhibición de músculo republicano del partido de Ada Colau, el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona organizó una fiesta en torno al 18 de julio en la que se impuso el nombre de plaza de la República a la que hasta ese momento era la plaza de Llucmajor.
