La investigación por presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II abierta en julio de 2016 ha desatado la denominada Operación Lezo. Es obra del instructor de la Operación Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fuentes jurídicas han confirmado la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, que presidió el Canal entre 2003 y 2012, mientras fue vicepresidente del Ejecutivo madrileño. Se han producido ya una docena de arrestos, además de registros en domicilios y empresas, entre ellas la sede del canal y el despacho de Ignacio González. El juez Velasco maneja sólidos indicios de que González lideró una organización criminal dedicada a la corrupción.
LD / El magistrado persigue actuaciones dirigidas al desvío de fondos públicos y al amaño de contratos para beneficio propio. Se centra en personas vinculadas al Gobierno de Ignacio González. En concreto, Velasco estudia presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsedad documental y corrupción en los negocios. Para el lavado de fondos, el exdirigente del Partido Popular habría contado con la ayuda de su hermano, Pablo González, también detenido e investigado por falsos préstamos y operaciones bancarias opacas.
Pablo González es también uno de los principales responsables de la empresa pública Mercasa, que se habría adjudicado de forma ilícita obras en el campo de golf de Chamberí concedidas sobre el papel a ACS, entre otros contratos. Eloy Velasco sospecha también de la compra de varias sociedades. Una por parte de Inassa –filial sudamericana del Canal de Isabel II que funciona con dinero público a cuyo presidente, Edmundo Rodríguez, cesó Cristina Cifuentes por indicios delictivos– de la brasileña Emissao. Habría ocurrido también en Colombia. Según los indicios, se efectuaron a un precio superior al real, algo que podría desembocar en el cobro de comisiones para los intermediarios.
Cristina Cifuentes impulsó la investigación
La presunta financiación ilegal del PP de Madrid es otra de las vertientes afectadas por la operación. González habría reclamado dinero como responsable del comité de campaña del PP a empresas que se adjudicaban obras públicas en administraciones gobernadas.
La operación de este miércoles se basa en parte en la documentación que trasladó el gobierno de Cristina Cifuentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras detectar «anomalías» en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica. El juez Velasco ha citado para que declaren a lo largode la mañana como testigos a cinco personas. Entre ellas, figuran la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia Ángel Garrido y la jefa de gabinete de la presidencia Marisa González.
En declaraciones a los medios de comunicación previas a su declaración judicial, Cifuentes ha sostenido que «es un asunto que está investigando la UCO, está bajo secreto de sumario y no voy a hacer más declaraciones. Estamos colaborando absolutamente con la Justicia, en su momento remitimos a la Fiscalía la información y desde entonces nuestra colaboración es absoluta. Todo lo que nos pida el juez lo haremos, nosotros vamos a respetar el secreto de sumario. Nosotros somos los primeros interesados en que en los asuntos de corrupción se llegue hasta el final».
En mayo de 2016, el Gobierno de Cifuentes informó que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis sobre las filiales comenzando por la operación de compra más reciente, la relativa a Emissao, por 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones. En su día, el gobierno regional informó de anomalías relativas a precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. En concreto, lo detectado tenía que ver con compra de acciones o letras a un precio mayor del establecido.
