A medida que se acerca el momento de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) -en aplicación del Brexit-, la situación de Gibraltar toma especial importancia. Especialmente después de que el pasado sábado trascendiera que la primera ministra británica, Theresa May, no había incluido la colonia en la carta enviada a Bruselas con la que pretendía iniciar las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE. Una ausencia que ha obligado a reaccionar al Gobierno británico y que le ha ocasionado importantes críticas tanto en las islas como en la colonia en suelo español.
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May tuvo que salir al paso de esas críticas señalando que su Gobierno “trabajará para asegurar el mejor resultado del Brexit” para Gibraltar, a la vez que el ex dirigente conservador Michael Howard, aseguraba que la primera ministra “iría a la guerra por Gibraltar”, como hizo Margareth Thacher en el caso de las Malvinas. Unas duras declaraciones que ya han sido desmentidas por los miembros del Gobierno desde Inglaterra alegando que nadie se plantea el uso de la fuerza para solucionar el conflicto.
Por parte del Ejecutivo español, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se ha limitado a señalar que “alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios” y, lejos de apostar por tensar las posturas diplomáticas en Bruselas, sigue apostando por la cosoberanía como solución al contencioso. —España podrá vetar cualquier acuerdo sobre Gibraltar tras el «Brexit»—
El futuro de Gibraltar después del Brexit
Mucho se ha especulado con las posibilidades de que España recupere el territorio robado por Inglaterra tras el tratado de Utrecht en 1713. Pero todo apunta a que la intención de la UE no es posicionarse en esa posibilidad, sino la de usar la reivindicación de España como medida de presión en las negociaciones con May. De momento, la única certeza es que la Unión solamente se plantea la posibilidad de que España tenga derecho a veto en cualquier decisión que desde el organismo europeo se tome y que pueda afectar a la colonia en suelo español.
España ya ha renunciado a empezar las negociaciones con una postura de fuerza que permita el cumplimiento de las resoluciones del Comité de Descolonización y de la Asamblea General de la ONU, que reconocían a España el derecho a recuperar todo el territorio ocupado por Inglaterra tras la cesión del puerto y la ciudad de Gibraltar en 1713. Unas resoluciones que reconocen la jurisdicción de España sobre las aguas que rodean el Peñón y que pondrían en duda la legalidad de la construcción del aeropuerto, construido en 1938, aprovechando la Guerra Civil, ganandole terreno al mar.
Del resto de posibilidades: recuperación del territorio, revocación del tratado de Utrecht, cosoberanía,… no hay ningún viso de que prosperen. Sobre todo dada la postura poco contundente adoptada por la diplomacia española.
El problema está en que la UE ya propuso, como medida para solucionar el contencioso, la administración de Gibraltar como ciudad internacional bajo control de Bruselas. Una opción que podría tener muchas posibilidades y que podría ser jugada como carta en la negociación comercial por parte de May.
Una colonia ilegal, según la ONU
La resolución 1514 (XV) de la ONU sobre descolonización fue dictada en 1960. Situa a Gibraltar en la lista de “territorios dependientes”. Esta resolución establece que los únicos agentes de derecho en una posible negociación sobre el futuro de Gibraltar son los Gobiernos de España y Reino Unidos. Deja al margen de toda posibilidad de actuar como agente internacional a la administración del Peñón, a quienes considera meros administradores coloniales británicos sin representación internacional.
Frente a esta resolución siempre ha actuado el Ejecutivo británico, empeñado en una negociación a tres bandas para presionar con el deseo de los llanitos de permanecer bajo el control británico. Lo que pretendía, precisamente, la resolución 1514 es evitar el secuestro de la voluntad de los habitantes del Peñón con las políticas de fiscalidad nula impuestas por su metrópoli.
La crítica de la ONU a la situación colonial que se vive en Gibraltar con la ocupación de territorio y apropiación de espacio marítimo no se limita a esa resolución de 1960. Dos resoluciones posteriores vienen a confirmar la situación de ilegalidad internacional en la que se encuentra la última colonia en suelo europeo.
En 1967 la Asamblea General de la ONU publicó la resolución 2353 en la que establecía que cualquier situción colonial que rompiera total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país chocaba frontalmente con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. El documento, firmado en junio de 1945, es el acta fundacional de la organización internacional.
Solamente un año más tarde, en la resolución 2429, la Asamblea General volvía a retomar el tema de Gibraltar y conminaba a Gran Bretaña a poner fin a su ocupación antes del 1 de octubre de 1969.
Los incumplimientos más claros del Tratado de Utrecht
La situación que se abre con la salida de Gran Bretaña de la UE podría ser aprovechada por la diplomacia española para exigir, si no la devolución total del Peñón, sí al menos el cumplimiento de las claúsulas originales del tratado de Utrecht de 1713. Este tratado se firmó tras la Guerra de Sucesión a la corona española tras la muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo. Tras trece años de guerra, los británicos reconocían el derecho sucesorio de Felipe de Anjou -Felipe V- frente a la reivindicación del Archiduque Carlos de Habsburgo, recientemente nombrado emperador germano.
En las claúsulas del tratado se contenía la entrega de dos territorios españoles a los británicos, la isla de Menorca. Si bien ésta última sería recuperado poco después, la dominación efectiva de Gibraltar se produjo de manera inmediata. Pero los ingleses no se limitaron a cumplir las claúsulas del acuerdo, sino que extendieron su territorio rompiendo el acuerdo, lo que según el derecho internacional permitiría a España recuperar la propiedad de la colonia inglesa.
Hay tres aspectos del tratado que los británicos han roto en estos más de trecientos años de colonización de Gibraltar. El primero hace referencia a la definición del espacio físico objeto de la ocupación inglesa. Felipe V cedió a los británicos la “entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza”, pero poco más adelante señala que “sin jurisdicción territorial”. Por eso, todo el territorio en el que se han expandido los británicos desde 1713 a nuestros días, que incluye la zona del Campo de Gibraltar y los espacios ganados al mar, incluídos el aeropuerto y gran parte de las urbanizaciones, serían ilegales según los acuerdos internacionales.
El segundo de los incumplimientos hace referencia a la comunicación con “el país circunvecino por parte de tierra”. El tratado obligaba a Gran Bretaña a mantener cerrada toda comunicación por tierra y por mar con España: “la comunicación por mar con la costa de España (dice el documento más adelante) no puede estar abierta y segura en todos los tiempos”.
Por esta razón España siempre mantuvo cerrada la valla con Gibraltar hasta el año 1985, cuando la incorporación de nuestro país a las comunidades europeas forzaron a la apertura de comunicación con ese territorio bajo soberanía británica.
El tercer incumplimiento es más significativo todavía ya que España se reservaba la recuperación de todo el espacio cedido en 1713 si Gran Bretaña pretendiera “dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de Gibraltar”. La enajenación a terceras personas se produjo en el año 2006 cuando la constitución de Gibraltar introdujo el derecho a la autodeterminación para los habitantes del lugar. Es más, el texto constitucionar contiene un desafío a los acuerdos de cesión del tratado de Utrecht al señalar que este derecho se introducía aunque “condicionara éste a los tratados existentes”.
Información ofrecida Juan E. Pflüger en el diario La Gaceta
