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El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, presenta su dimisión

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El fiscal anticorrupción, Manuel Moix, ha presentado su dimisión al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras la polémica generada al conocerse que es propietario junto a sus hermanos de una sociedad en Panamá.

La Gaceta / Una decisión que llega horas después de un cambio de tono en el discurso del Gobierno hacia el ya exfiscal Anticorrupción. Este miércoles, por ejemplo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordaba que es al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al que “corresponde proponer un expediente para remover a (Manuel) Moix”, pasando así de defender públicamente a Moix a desentenderse del problema y dejar el caso en manos de Maza. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, remitía, en la misma línea, a la “autonomía del Ministerio Fiscal” para cualquier decisión que pueda afectar al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y recordaba que es el Consejo Fiscal quien se ocupa de los nombramientos de los cargos de fiscales.

El anuncio de Maza

El fiscal general del Estado, Manuel Maza ha anunciado a primera hora de este jueves la renuncia del hasta ahora fiscal jefe Anticorrupción, aunque, según ha explicado, ha intentado convencerle de que permaneciera en el cargo porque “no existen motivos para su cese” y no ha existido en el comportamiento de Moix “ninguna clase de ilegalidad o irregularidad, ni siquiera incompatibilidad”.

“Me ha presentado hace unos minutos su renuncia al puesto por motivos personales. Y, tras hablar con él, y puesto que ha insistido en que lo hace de manera irrevocable, no he podido convencerle. Ha ejercido el cargo a plena satisfacción. Pero no puedo obligar a alguien que alega motivos personales a seguir”, ha dicho Maza, que ahora convocará el puesto y, tras consultar al Consejo Fiscal, elegirá, “en el más breve tiempo posible”, al sustituto.

El ‘pecado’ de Moix 

El hasta ahora fiscal contra la corrupción y el crimen organizado posee el 25 % de una sociedad constituida en el paraíso fiscal de Panamá en 1988 que es propietaria de un chalé en la localidad Collado Villaba (Madrid) valorado en 550.000 euros. Una sociedad que pertenecía al padre de Moix y que él y sus hermanos heredaron tras el fallecimiento de sus progenitores. Declarada a Hacienda, Moix explicó haberse enterado de la existencia de dicha sociedad cuando fallecieron sus padres, aunque el mismo diario que sacó la información inicial, Infolibre, ha publicado después datos que contradicen esa versión.

“Por ser titular de una participación en una sociedad no existe ninguna incompatibilidad. Los que saben de esto saben que lo que se trata de impedir es que un servidor publico intervenga en el mercado, pero el hecho de ser poseedor de un bien, que aunque fuera en el extranjero pagaba impuestos, es regular”, explicaba Maza a los periodistas tras el anuncio de la dimisión de Moix. “No había motivos, ni existen, para el cese”, ha añadido Maza, que ha enviado un recado a los medios de comunicación: “El argumento para la dimisión de un posible daño a la imagen pública debería ceder ante algo más importante, que es el fondo de la institución, la autonomía”. Para Maza la fiscalía debe ser independiente “no solo del Gobierno, sino también de todos los poderes del Estado y otras instituciones. Solo se debe al imperio de la ley y no debe ser influida por nada más”, ha concluido en alusión a los medios.

Los fiscales conservadores, también contra Moix

La conservadora Asociación de Fiscales había manifestado poco antes de la dimisión que el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, debía poner su cargo a disposición del fiscal general del Estado porque ve “comprometida en este momento la imagen de imparcialidad de la institución”.

La asociación, mayoritaria en la carrera y que apoyó el nombramiento de Moix valorando su trayectoria profesional, emitía un comunicado tras las informaciones sobre la participación del fiscal Anticorrupción del 25 % de una sociedad en Panamá que heredó de sus padres y que, cabe recordar, no entraña ilegalidad alguna: “No se cuestiona en ningún momento la legalidad de la actuación de don Manuel Moix, pero sí advierte esta asociación que las últimas informaciones suponen un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal”, afirma la entidad. La asociación añade que “es evidente que se hace necesario exigir una vez más un Código Deontológico, reclamado insistentemente por la carrera, en el que se empezó a trabajar, llegando a confeccionarse un borrador, al que hizo aportaciones esta asociación, pero que en el presente momento parece haber caído en el olvido”.

Después de que el Gobierno pasara de la defensa de Moix al silencio, el propio Moix variaba su discurso y, tras defender que su comportamiento fue correcto y transparente y descartar la dimisión, admitía después que se equivocó al no informar de su situación al fiscal general. “No tengo ningún apego al cargo”, decía el miércoles a los medios de comunicación.

¿Y ahora?

Tras su renuncia como fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix volverá al Tribunal Supremo, de donde salió cuando fue nombrado, y será la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, la que asuma sus funciones de forma provisional hasta que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nombre a un sustituto.

Moix fue el único de los fiscales que se postulaban al puesto de jefe Anticorrupción que no había trabajado en esa Fiscalía especial. Junto a él aspiraron al puesto la propia Belén Suárez junto con Antonio Romeral, María Teresa Gálvez, Carlos Alba y Alejandro Luzón, todos ellos de Anticorrupción, si bien éste último fue nombrado hace unos meses teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía.

Es de prever que estos mismo candidatos vuelvan a aspirar a dirigir la Fiscalía Anticorrupción, si bien la última palabra corresponderá al fiscal general una vez oído el Consejo Fiscal.

En la votación del Consejo Fiscal que llevó al nombramiento del hoy dimitido Moix, éste obtuvo la mayor votación, seguido de Luzón.

Este órgano consultivo está presidido por el fiscal general e integrado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe como miembros natos, así como por nueve fiscales, seis de ellos a la asociación de Fiscales (conservadora y mayoritaria) y tres a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

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