La Comunidad de Madrid ha publicado el listado provisional de entre las 21.000 solicitudes relativas a la convocatoria de las ayudas al alquiler 2017 -un total de 3.498-. Ahora los ciudadanos que figuren en el listado provisional deberán aportar más información relativa a su petición antes del próximo 14 de agosto.
La Gaceta / Las ayudas al alquiler de 2017 de la región cuentan con un presupuesto de 17 millones de euros, un 70 por ciento más que en 2015, y, según el Gobierno regional, tiene un “marcado carácter social”, ya que unas 7.000 familias con escasos recursos económicos podrán beneficiarse de ellas.
El procedimiento de concesión de las ayudas prioriza a las familias que dispongan de menos posibilidades económicas. La cuantía de las ayudas es del 40% de la renta anual del alquiler, con un límite máximo de 2.400 euros anuales por vivienda.
En las redes sociales ha llamado la atención los nombres de la mayoría de los agraciados provisionales con estas ayudas. Hay más ‘Mohameds’ y ‘Ahmeds’ -150 y 61- que Josés o Franciscos -77 y 27, respectivamente-.
Desde la Comunidad de Madrid señalan que ningún inmigrante ilegal puede optar a estas subvenciones. Pese a esto, en otras regiones -como la Generalitat valenciana- se ha aprobado un plan -el anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión- que entrará en vigor en 2018 y que prevé ayudas indefinidas de hasta 532 euros mensuales “mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad de la persona”. A estas ayudas pueden acceder los inmigrantes sin permiso legal de residencia que lleven empadronados en algún municipio de la región al menos un año.
El colectivo identitario Hogar Social Madrid ha denunciado que las instituciones “recortan a los trabajadores españoles y hacen que sean ciudadanos de segunda en su propio país”, mientras les obligan a aplaudir “la entrada masiva de inmigrantes obsequiándoles con nuestros derechos sociales”. “Creen que es más importante decirse tolerantes que asegurar una vida digna a nuestros hijos”, ha censurado.
HSM ya denunció que la asociación subvencionada Red Acoge se negó a ayudar a varias familias españolas en situación precaria con el argumento de que su “ámbito de actuación estaba limitado a la población inmigrante”.
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