Los ediles de estos municipios evitarán de esta manera su inhabilitación o las sanciones penales que podría imponerles el Tribunal Constitucional, de quien recibieron un apercibimiento el pasado jueves, tras suspender la ley del referéndum.
ECD / Un total de 947 alcaldes catalanes fueron advertidos de su deber de impedir cualquier iniciativa relacionada con la celebración esta consulta. Pese a este aviso, ese mismo día treinta y seis alcaldes del PDeCAT firmaron decretos de apoyo al proceso.
Se juegan la inhabilitación
Sin embargo, comienzan a registrarse fisuras en el frente independentista. Según ha podido confirmar ECD, los alcaldes y concejales de, al menos, dos localidades como Pacs del Penedès y Barberà del Vallès, no sólo no firmaron estos decretos de apoyo, sino que han acordado impedir la colocación de urnas el 1-O en locales municipales. Tampoco lo van a permitir aunque lo soliciten asociaciones culturales que intenten utilizar alguna estrategema.
Los ediles no están dispuestos a perder su cargo ni a asumir los costes de unas posibles sanciones. El TC les ha advertido claramente de que “iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum” podría acarrearles responsabilidades penales.
PDeCAT y ERC en Pacs del Penedès
Pacs del Penedès es un municipio de 891 habitantes cercano a Vilafranca. El alcalde, Josep Sogas i Raventós, fue miembro de CiU y pertenece al PDeCAT desde su refundación. Su partido ganó las elecciones municipales de 2015, y de los siete concejales, cinco son ‘demòcrates’ y dos de ERC.
A pesar de su compromiso con el ‘procès’, todos los ediles han estado de acuerdo en la negativa. Fuentes del consistorio explican a ECD que la razón de esta decisión es que tanto la norma como el decreto de convocatoria son ilegales. Por tanto, advierten, el ayuntamiento no puede participar del mismo.
Las mismas fuentes recuerdan que, de celebrarse, la consulta podría tener lugar en el colegio público de Pacs del Penedès, cuyo titular es la consejería de Educación de la Generalitat. La responsabilidad de esos actos recaería en el Govern y no en el ayuntamiento.
Por el momento, el consistorio no ha recibido quejas de los vecinos por la decisión adoptada. Sí se han registrado, en cambio, peticiones de información sobre dónde podrán acudir a depositar su voto el 1-O. La Generalitat aún no ha aclarado los detalles de la organización de la consulta.
No se sabe aún, por ejemplo, quiénes serán los directores de las mesas electorales, aunque en el ayuntamiento de Pacs suponen que sus funciones las asumirán voluntarios.
La CUP en Barberà del Vallès
El otro municipio independentista que se niega a colaborar en la organización del referéndum es Barberà del Vallès, de 32.832 habitantes. Su gobierno municipal está formado por Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), que cuenta con cinco concejales; Junts per Barberà, que aglutina a Podemos y la CUP y suma cuatro ediles; y ERC, con dos representantes.
Pese a la presencia de ERC y la CUP en el consistorio de Barberà, el referéndum no se realizará en los locales municipales por acuerdo expreso de todos los ediles del ayuntamiento.
Sin embargo, al cierre de esta edición, en el pleno del ayuntamiento se han registrado broncas y acusaciones, ya que Junts per Barberà exige ahora a los independientes celebrar el referéndum en los locales municipales. Esta ruptura del acuerdo ha inoculado tensión entre los ediles, hasta el punto de que la alcaldesa, Silvia Fuster, ha amenazado con dimitir si finalmente se impone el alegato de rebeldía de Podemos y la CUP.
En cualquier caso, en la noche del martes ha continuado vigente el acuerdo de los concejales de Barberà del Vallès de no poner las urnas para la consulta del 1-O.
Y esto a pesar de que la CUP es el socio de Junts pel Sí, destacado impulsor del referéndum y de la república catalana y quien ha permitido la aprobación de las leyes de ruptura en el Parlament. Sin embargo, los concejales ‘cupaires’ de Barberà han decidido no jugarse su cargo municipal y evitar sanciones penales.
En este caso, el ayuntamiento desconoce dónde podrán acudir a votar los vecinos de Barberà. Por el momento, los ediles no han recibido recriminaciones de sus respectivos partidos, comprometidos con la consulta.
Los alcaldes, decisivos para la Generalitat
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pidieron el pasado jueves apoyo expreso de los alcaldes catalanes al referéndum: “Conjuntados con los alcaldes y alcaldesas del país comprometidos con el 1-O. Ahora más que nunca, la fuerza municipalista es necesaria”, escribió Junqueras en las redes sociales.
Y es que, sin locales donde colocar las urnas, la consulta independentista perdería aún más garantías legales, después de reducir la participación mínima al 30% del censo y tras aprobar las leyes de ruptura en el Parlament sin permitir alegaciones a la oposición.
Además de enviar cartas a los alcaldes catalanes donde se les recuerda que deben permitir la celebración de la consulta, la Generalitat ha estudiado la posibilidad de que los catalanes acudan a votar a las sedes de los partidos soberanistas, algo que incumpliría la ley electoral e incluso violaría el artículo 1.1 de la Constitución, que recoge el pluralismo político como valor superior.
