Los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del Referéndum y sus disposiciones anejas, y la de Transitoriedad, han cerrado el círculo de las acciones a emprender por el Gobierno ante los tribunales con vistas a anular toda la arquitectura legislativa con la que la Generalitat y las fuerzas que la sustentan pretendían dar cobertura a la consulta independentista del 1 de octubre y el posterior proceso de desconexión con el Estado. El Gobierno, ahora, una vez activada la maquinaria judicial, se centra en disponer todos los mecanismos para cortocircuitar la logística del referéndum.
Impedir la apertura de colegios, la constitución de mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas y el uso de programas informáticos. Estos son los objetivos de Rajoy para evitar que se repita un9-N, es decir, una farsa con apariencia de legalidad a los ojos de la ciudadanía.
El Gobierno asegura que en ningún caso volverá a darse el espectáculo de noviembre de 2014, cuando la Generalitat logró transmitir al mundo entero imágenes propias de un proceso democrático homologable aun cuando las urnas empleadas para la votación fueran de cartón. «Entonces», explica un ministro directamente concernido, «actuamos sobre la marcha instando a la Fiscalía la noche anterior; ahora las cosas son muy distintas porque llevamos meses preparándonos para este momento».
En esta ocasión, los servicios de inteligencia del Estado han desarrollado un trabajo minucioso desde hace semanas. Su labor comenzó cuando la Generalitat demostró su intención de internacionalizar su conflicto y pretendió lanzar puentes hacia Gobiernos extranjeros en busca de apoyo a sus planteamientos de autodeterminación.
La labor de la inteligencia se tornó mucho más concreta a la hora de confirmar si, efectivamente, como afirmó Puigdemont en el Financial Times, la Generalitat dispone ya de las urnas necesarias para la votación. «No es así», afirma una fuente gubernamental que cita los datos proporcionados en este sentido por el Centro Nacional de Inteligencia.
El CNI asegura que las 6.000 urnas a las que se refirió el presidente de la Generalitat no existen. Sí añaden que el Govern cuenta con un número indeterminado, «pero mucho menor», de las mismas; todas procedentes del simulacro de consulta que se llevó a cabo en 2014. En cualquier caso, señalan las fuentes consultadas, las urnas existentes «están localizadas».
Sin urnas no hay consulta que valga y por ello la Fiscalía ha remitido ya las órdenes oportunas a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía para que requisen en el momento oportuno todas aquellas que se instalen, así como las papeletas de votación, la propaganda o los cuadernillos de instrucciones para los miembros de las mesas electorales.
Los directores de institutos y colegios públicos, así como todos los funcionarios -los cargos políticos, incluidos más de 600 alcaldes que ya han sido apercibidos- cuya participación es necesaria en una jornada electoral, han sido advertidos de la ilegalidad que supone prestarse a colaborar el 1-O, al mismo tiempo que desde la Administración Central se les han dado plenas garantías de protección al amparo de la ley.
En este sentido, el propio presidente del Gobierno lanzó ayer mismo un mensaje a la ciudadanía catalana pidiendo a todos aquellos que reciban una citación para formar parte de las mesas electorales como presidentes o vocales que la desoigan, puesto que están siendo convocados para formar parte de un acto -el referéndum- anulado por inconstitucional por el TC.
Las fuentes gubernamentales no descartan que a estas medidas puedan sumarse otras en los próximos días e incluso en la misma jornada del 1 de octubre. Entre las decisiones de último minuto que podrían ser decididas por los jueces para impedir la consulta ilegal citan la posibilidad de ordenar cortes del suministro eléctrico o de la conexión informática para impedir el acceso y la comprobación de datos censales, así como el recuento de las votaciones.
Ayer mismo, la Fiscalía, en cumplimiento de las sentencias y decisiones cautelares del TC, procedió, mediante orden dada a la Guardia Civil, a la clausura de la página web promocional del 1-O, una decisión que se añade a la prohibición de celebrar un acto propagandístico del referéndum en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid.
Pese a estas medidas, el Gobierno no descarta que en algún punto se abran locales de votación pero, afirman: «Será tan minoritario y precario que todo el mundo verá que eso no es un referéndum».
MEDIDAS PARA IMPEDIR UN NUEVO 9-N
Las urnas. La Fiscalía ha dado a los Mossos la orden de retirar el material previsto para la celebración de la consulta. En cuanto a las urnas, los servicios de inteligencia niegan que la Generalitat disponga de las mismas, más allá de un pequeño número de cajas de cartón procedente del 9-N y que están localizadas.
Las mesas electorales. Los alcaldes pro referéndum ya han sido apercibidos de las responsabilidades a las que se exponen. Los directores de los colegios e institutos, e incluso los ciudadanos que sean citados para formar parte de las mesas electorales, han sido advertidos también de que si colaboran cometerán una ilegalidad.
La electricidad y la red. El Gobierno asegura que, llegado el caso, los jueces podrían ordenar a las compañías suministradoras de electricidad y de red para transmisión de datos que cortaran el servicio a los locales implicados en la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
