Por Eduardo López Pascual para elmunicipio.es
Claro que la realidad política y social actual , no ya de España sino del mundo, es muy diferente a la situación paralela que nuestra nación sufrió en octubre de 1934; naturalmente que los condicionamientos humanos aparecen muy distintos de los que la sociedad civil del siglo pasado pudieran ofrecer a la historia de los pueblos, y que tanto el señor Company, entonces presidente de la Generalitat, como hoy el señor Puigdemont, se encuentran en planos no comparativos pero ambos, y con ellos una parte de la población catalana, vienen a violentar el interés general del país, y no cumplen las obligaciones que impera nuestra vigente Constitución. Los recursos exigen al gobierno español a utilizar, previo seguimiento de las normas al efecto (requerimiento al President, por ejemplo), todos los recursos legales para hacer cumplir la Ley y restituir la normalidad democrática.
Sin duda, lamentablemente, estamos ya ante unos hechos meridianamente transgresores de la legalidad social y jurídica sin parangón en el derecho de gentes. El constante golpe de fuerza con que los secesionistas catalanes se empeñan en mantener, no resiste el más mínimo análisis comparativo; sus alusiones a otros países, bálticos o balcánicos, es un mal ejemplo porque tanto Estonia, como Letonia y Lituania, eran Estados independientes antes de la anexión soviética, y no digamos de los países en la península balcánica, regalados artificialmente a los comunistas de Tiro tras la II Guerra mundial, que poco tenían de común. En el caso de Escocia, siempre olvidan que esa nación, hasta los años mil setecientos, fue siempre ajena a la Inglaterra que conocemos. Así pues, no hay color. España, desde hace quinientos años o más, fue una, aun reconociendo peculiaridades en cada uno de los territorios que la conforman.
De manera que si este legado histórico, refrendado además por una Ley de Leyes aprobada en inmensa mayoría por los españoles, se ve en peligro de violenta ruptura, y hay diversas formas de violencia no solo la física, el Estado, nuestro Estado y por ello su Gobierno tiene todas las facultades y todas las justificaciones para preservar esa herencia de todos, para emplear si fuera preciso el ya famoso artículo 155, que permite al Gobierno, simplemente defender la legalidad y la democracia. No caben aquí subterfugios como los que Pigdemont y Junqueras (por cierto un apellido muy charnedo), con las Cup en cabeza, pretenden sacudir sus culpas; el argumento de que obedecen el mandato del Parlament, porque tiene competencia, se cae estrepitosamente cuando este obra despreciando las leyes democráticas, y sin duda, un parlamento autonómico no tiene potestad para aprobar leyes que vayan contra la Constitución Española de 1978.
Es verdad que la aplicación del 155 sería la última ratio, como lo es la cirugía en la medicina, pero a veces, y conste que no me siento cómodo, no hay más remedio que, como dicen los sanitarios, cortar por lo sano. No hay que tener miedo en ese artículo, porque es tan democrático como el 3 o el ciento tres. No habría que llegar a eso, pero como dicen los separatistas sin razón, no nos dejan otro camino.
«Hubiera sido preferible una mayor audacia histórica, y dar paso a la elaboración de estructuras federalistas, cosa muy distinta a esa de dar a cada región un Estatuto diferente, un Estatuto o Estadillo, aquí rojo y allí negro.»
Revista Nuestra Revolución. 11 de julio 1936.
Ramiro Ledesma Ramos y otros.
Este artículo si que tiene plena vigencia, a pesar de la fecha en que se escribió, dada la situación actual. Sin olvidar que está revista se editó y tenía previsto seguir editandose en Barcelona.