Con los Mossos no es suficiente. Es el mensaje que traslada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha retirado a la Policía autonómica la exclusividad en la custodia de su sede, el Palacio de Justicia de Barcelona. De acuerdo con las consignas del presidente del TSJC Jesús María Barrientos, agentes de la Policía Nacional compartirán a partir de ahora la vigilancia del órgano judicial. Adopta esta medida para «extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento» ante la posibilidad de que el Parlamento catalán declare la independencia y aplique la Ley de Transitoriedad, según la cual se suprimiría la competencia del tribunal.
LD / La resolución es la siguiente:
«…El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Jesús María Barrientos, de acuerdo con las facultades gubernativas de que legalmente dispone, ha acordado y ordenado al Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Cataluña que, a la Unidad de Mossos de escuadra destacada en la sede de este Tribunal Superior, se sumen agentes de Policía Nacional. La decisión obedece a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento ante la posibilidad de que el Parlamento de Cataluña decida, a pesar de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, de ejecutar lo dispuesto en la Ley 19/2017 de 6 de septiembre, en el artículo 4.4 de la que se dispone la supresión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la figura de su Presidente.
El presidente del TSJCat entiende que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de forma más eficaz la legalidad constitucional. Por lo tanto, desde hoy y de acuerdo con esta decisión, la vigilancia del Palacio de Justicia (sede del Tribunal Superior de Justicia) es compartida por ambos cuerpos policiales bajo el mandato de la Policía Nacional.
Las actuaciones de los Mossos durante los preparativos y la celebración de la votación ilegal del 1-O han aumentado la desconfianza de los jueces y fiscales. Como demostraron videos y las declaraciones de testigos en primera persona, el cuerpo regional desoyó las órdenes del Superior de Justicia permitiendo el traslado y colocación de urnas al tiempo que no impidieron el anunciado como referéndum. De hecho, el Mayor Josep Lluís Trapero está investigado en la Audiencia Nacional por un delito de sedición en relación a los altercados del 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud obstaculizó las detenciones de 14 altos cargos del Gobierno catalán ante la impasibilidad de los Mossos…»
Ocho Juzgados abrieron el mismo 1 de octubre diligencias contra los Mossos por una presunta «inactividad» durante la jornada electoral. Actuaron impulsados por una veintena de denuncias de particulares contra los agentes por permitir votar en puntos designados, ya fuesen ambulatorios, colegios u otros edificios públicos y privados. También reclamaron información a los Mossos sobre su actuación.
