La CUP anuncia desobediencia civil con acciones de violencia en las calles

La CUP anuncia desobediencia civil con acciones de violencia en las calles

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Anna Gabriel

“…Desobediencia civil masiva…” y a la vez “…pacífica…” y los separatistas radicales de la CUP se quedan tan tranquilos, dos líneas de actuación difíciles de llevar a cabo conjuntamente, según expertos consultados, que no descartan actos de violencia contra las representaciones del Estado en Cataluña.

En cualquier caso, la organización violenta de extrema izquierda CUP, que es la que ha lanzado la campaña ante los medios de comunicación, siempre podría decir que los que los que protagonizan esos hechos violentos son grupos ajenos a ellos, como suelen hacer en numerosas ocasiones lo miembros de la extrema izquierda.

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En el seno de la CUP, existe el temor a perder el control que creen ejercer sobre la situación y sobre los pasos que pueda dar en los próximos días el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Por ello, la campaña que anunciaron ayer 23 de octubre de 2017 va no sólo contra la “…aplicación por el Gobierno de España del artículo 155 de la Constitución Española, la mayor agresión contra los derechos civiles, individuales y colectivos del pueblo catalán desde la dictadura franquista…”, -como si en el Franquismo hubiera habido mucha represión- sino que forma parte de una estrategia de presión al propio Carles Puigdemont y a su Ejecutivo.

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En un comunicado, bajo el nombre “contra la agresión del 155, república, autoorganización, autotutela, resistencia desde el municipalismo e internacionalismo”, la CUP señala que estos ámbitos “son las puntas de lanza de esta lucha no violenta para rechazar la aplicación” del citado artículo de la Constitución.

La formación de extrema izquierda CUP señala que se trata de “una semana crucial para el futuro de Cataluña” y acusa “al Gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos, del PSOE y del Borbón, de eliminar el autogobierno y de intervenir las principales instituciones, una agresión que tendrá una respuesta de desobediencia civil masiva…”.

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La CUP anuncia que “…se irán presentando iniciativas en estos ámbitos», al tiempo que insiste en que «no compartimos la estrategia de ir a remolque de las decisiones del Gobierno español…”

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Los citados expertos llaman la atención sobre el contenido del comunicado en el que, bajo el paraguas del pacifismo, se lanzan una serie de ideas-fuerza tras las que subyace la utilización de la violencia si fuera conveniente a la estrategia de los convocantes.

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La CUP no ha inventado nada que no esté en los manuales utilizados en los últimos años por grupos similares de la extrema izquierda en España para poner en marcha la desobediencia civil y económica, en cualquier país normal este tipo de pensamientos y gentes estarían fuera de las Instituciones públicas del Estado por tener un nefasto comportamiento social y político.

Lo que vienen a anunciar es que ya tienen un plan que van a gestionar al margen de los otros grupos y que tendrá su base de actuación en las instituciones, en especial algunos municipios donde tienen fuerza.

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Un factor fundamental para los separatistas de la extrema izquierda de la CUP sería el control de la calle, pero con la militancia que tiene y los grupos que la apoyan, entre ellos sus juventudes “Aran”, está por ver lo qué pueden hacer, salvo las manifestaciones o concentraciones que convoquen y que sean secundadas por ANC y Òmnium. No se trata de un motivo de tranquilidad ya que lo que no logren por la vía del «pacifismo» lo intentaran conseguir con la presión social y la violencia urbana.

La CUP podría utilizar grupos propios con distintos nombre para crear violencia extrema en las principales calles de los municipios y ciudades de Cataluña para crear una inestabilidad social que provoquen fuertes enfrentamientos sociales y políticos.

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“…Son de manual…”, dicen los mismos expertos que creen que las primeras iniciativas serán de desobediencia a las instituciones del Estado y presión en torno a los edificios de esas instituciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña, protegidos por agentes de la Seguridad del Estado.

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