El ‘president’ de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha respondido a Mariano Rajoy con un paquete de exigencias y sin aclarar de una manera definitiva si declaró o no la independencia el martes de la pasada semana, tal y como le había pedido que aclarase el presidente del Gobierno en su requerimiento oficial, según explican fuentes de la Generalitat y cercanas a los partidos independentistas catalanes.
El Confidencial / En la respuesta al requerimiento, Carles Puigdemont exige una mediación que se produzca en el plazo de dos meses y solicita reunirse con Rajoy durante ese periodo para tener una interlocución de igual a igual y buscar soluciones al conflicto. Por otra parte, también hace dos tipos de peticiones: una que afecta a las Fuerzas de Seguridad en Cataluña, y otra que se refiere a la actuación de la justicia contra el proceso soberanista.
En el primer caso, Puigdemont exige la retirada de las fuerzas policiales desplegadas con motivo del 1 de octubre, esta petición afectaría a los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil trasladados a Cataluña con motivo de la celebración del referéndum, no así a los miembros de estos cuerpos policiales que ya desempeñaban su función en territorio catalán con anterioridad. En total, esta medida afectaría a más de 12.000 efectivos, y ya era una idea que había puesto sobre la mesa la mediación que había intentado el Colegio de Abogados de Barcelona.
Por otra parte, Puigdemont también pide que se paralicen las actuaciones judiciales que afectan a ‘major’ de los Mossos, Josep Lluis Trapero, Òmnium y a la ANC. Lo hace precisamente en un momento en que tanto Trapero como los presidentes de Òmnium, Jordi Cuixart, y de la ANC, Jordi Sánchez, tienen que declarar ante la Audiencia Nacional y afrontar posibles cargos de sedición. Esta es la petición más problemática porque en una lectura estricta de la separación de poderes, no estaría en la mano de Mariano Rajoy paralizar la actuación ni de los jueces ni de la Fiscalía, en especial por delitos que ya se han producido.
Respecto al eje de la cuestión, la posible o no declaración de independencia en el Parlament el pasado martes, Puigdemont sigue jugando a la ambigüedad, evitando ponerse en evidencia. de esta manera, procura contentar a los sectores que le exigen una declaración de independencia clara -ANC, Òmnium, sectores de ERC, y consellers de su propio gobierno, como la de Ensenyament -Clara Ponsatí-, o el de Interior, Joaquim Forn, pero al mismo tiempo, evita reconocer que en el Parlament escurrió el bulto. Es decir, Puigdemont en la Cámara atalana no declaró la independencia y el Pleno tampoco votó la suspensión, con lo que propiamente dicho, su actuación tuvo más de representación teatral que de acto político.
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Tanto sectores del PDeCAT encabezados por el expresidente Artur Mas y la coordinadora Marta Pascal, como otros miembros del Gobierno le habían pedido a Puigdemont un tono más bajo. Sin embargo, el presidente catalán ha preferido subir la apuesta intentando, eso sí, que la pelota vuelva a estar en el tejado de Rajoy.
Los propios servicios jurídicos de la Generalitat, según explican fuentes cercanas al Palau, han desaconsejado este tipo de respuesta por el enorme riesgo que supone al dejar la puerta abierta al Gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite suspender la autonomía en casos de rebeldía flagrante.
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Tras esta respuesta, es previsible que durante esta semana Cataluña pierda su autonomía. Es difícil establecer en qué grado porque el artículo 155 no está desarrollado en un decreto, lo que, por otra parte, da mucho margen al Gobierno. En todo caso, una aplicación previsible del 155 implicaría el cese de Puigdemont y de todos sus consellers, el control de los Mossos d’Esquadra y la tutela de otras áreas claves de la Administración, que serán determinadas por Moncloa.
