La ‘número dos’ de la formación antiinmigracionista británica Britain First, Jayda Fransen, fue detenida el pasado viernes 15 de diciembre de 2017 y posteriormente puesta en libertad por un tribunal de Belfats, acusada de difundir ‘mensajes de odio’ en una red social contra el Islam.
Al parecer en los últimos todo lo que le gusta desde un punto de visto ideológico a las pricipales redes sociales es considerado spam y borrado de los buscadores con la denuncia correspondiente en las redes sociales por los inquisidores del sistema.
la Gaceta / Jayda Fransen fue ya protagonista indirecta del último rifirafe diplomático entre Trump y la primera ministra británica Theresa May, cuando ésta criticó que el presidente hubiera retuiteado desde su cuenta vídeos que la líder nacionalista había subido a la red. La policía británica ha protestado contra su puesta en libertad.
Al igual que sucede en otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Suecia, las autoridades británicas han endurecido su lucha contra los ‘mensajes de odio’, una categoría maravillosamente amplia que permite reprimir la libertad de expresión de unos dejando intacta la de otros.
Afortunadamente, aún quedan en Gran Bretaña quienes defienden la secular tradición nacional según la cual el pensamiento no delinque, como en la siguientes declaraciones:
“La demonización de grupos sencillamente porque se oponen a políticas exteriores e interiores injustas para luego usarla para etiquetarlos como extremistas y negarles el derecho a la libertad de expresión vulnera los principios sobre los que se basa la sociedad”.
“Estas acciones recuerdan a la Sudáfrica del Apartheid, donde la política del miedo llevó a un sistema de justicia a dos niveles en detrimento de un sector de la sociedad. Si Theresa May y el ministro de Justicia creyeran en la tolerancia y la igualdad tendrían la valentía y la confianza de permitir que la discusión y la fuerza de los argumentos prevalecieran contra los llamados ‘predicadores del odio”.
“Las leyes arbitrarias que dan al Estado poderes ilimitado, unidas a un estamento jurídico y unos medios litigiosos, plantean una grave amenaza a las libertades de todos”.
Disculpen la larga cita, conveniente como defensa elocuente de la libertad de expresión en un país que lleva ya algún tiempo castigándola cuando conviene al poder. Desgraciadamente, no es una cita reciente, sino de 2015, ni se refiere a la detención de los líderes de Britain First. Las pronunció Ibrahim Mohamoud, portavoz del grupo de defensa islámico británico CAGE, criticando el tímido intento del Gobierno británico entonces para frenar el radicalismo islámico en el país.
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La población musulmana en Gran Bretaña pasó de los tres millones y medio el año pasado, pasando a ser el 5.5% de la población total, lo que convierte al Reino Unidos en el tercer país (todavía) de la Unión Europea con mayor población musulmana, detrás de Francia y Alemania.
Según un reciente de la demoscópica líder Pew Research, la población musulmana en Europa podría doblarse y aun triplicarse de aquí a 2050. Décadas de ‘invierno demográfico’ entre los europeos nativos, unidos a la inmigración masiva desde países musulmanes están acelerando la ilamización de Europa.
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En nuestro país, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) calcula la población musulmana en España a finales de 2016 en 1.919.141, un 4,1% del total.
Y mientras Occidente se obsesiona con la lucha contra los ‘mensajes de odio’ y la ‘islamofobia’, parece más que dispuesto a pasar por alto las declaraciones más hostiles y supremacistas hacia los ‘infieles’.
