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El Gobierno quiere recuperar la jornada de 35 horas para los funcionarios

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Cristobal Montoro, el ministro de Haciendo, en el Congreso de los Diputados
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«Función Pública nos ha transmitido que están dispuestos a recuperar la negociación colectiva, lo que puede implicar la recuperación de la jornada de 35 horas allá donde las hubiera», explica a este periódico Miriam Pinillos, de CCOO. Este sindicato se reunió la semana pasada con el departamento que dirige Cristóbal Montoro, después de que lo hiciera CSIF y antes de que UGT hiciese lo propio el pasado lunes, y todos ellos han destacado la predisposición del Gobierno para llegar a acuerdos.

El Mundo / De hecho, UGT remarcó que el hecho de que Montoro vaya a liderar las negociaciones a partir del próximo lunes es muy significativo, que «hay buena predisposición» y que todo está «completamente abierto», incluyendo el establecimiento de las 37,5 horas como la jornada laboral máxima. Esto supondría dar marcha atrás a la medida que el Gobierno introdujo en 2012, cuando elevó la jornada laboral para ahorrar gastos en pleno proceso de contención del abultado déficit presupuestario.

Además, la concesión facilitaría el acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos porque, si bien la subida salarial de hasta un 8% en tres años que propone Función Pública parece no convencer a los representantes sindicales, el hecho de que cada Administración pueda negociar su jornada laboral y se pueda también recuperar la carrera profesional sería muy bien recibida.

El Ministerio, por ahora, no confirma esta posibilidad en público pero tampoco la niega y ya en julio el Ejecutivo dio pistas de que podría incluir la medida en los Presupuestos de 2018. Si finalmente se llega a un pacto, Función Pública cedería a una de las principales reclamaciones de los funcionarios. Las otras son la recuperación del poder adquisitivo perdido, que CSIF cifra en hasta un 20% desde 2010, y la equiparación salarial entre los funcionarios de la Administración General del Estado y los públicos de las comunidades.

Carta del PP de Castilla-La Mancha

El posible cambio de criterio en el Gobierno se intuye además en otros leves movimientos que se han producido en los últimos meses. Andalucía fue la última comunidad en aplicar las 35 horas y que el Ejecutivo llevó al Tribunal Constitucional por incumplir la ley nacional. Antes que Susana Díaz lo intentó el País Vasco y Castilla-La Mancha con idéntico resultado en los tribunales. Pero, pese al varapalo del TC una nueva negociación sindical ha permitido a la Junta de Andalucía mantener su compromiso con la jornada reducida, ya que oficialmente se asumen las 37,5 horas pero 2,5 son de teletrabajo. Este tipo de arreglo es el que se quiere generalizar ahora a nivel nacional.

Y, según señalan desde el sindicato CSIF, comienzan a darse algunos pasos. En una carta remitida a este sindicato el PP de Castilla-La Mancha se abre a esta solución. De hecho, se culpa a la actitud del presidente Emiliano García-Page de que no se haya implantado aún.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, se explica que PSOE y Podemos optaron por aprobar la jornada de 35 horas a través de una iniciativa de las Cortes en lugar de impulsarlo desde el Gobierno, para evitar el informe preceptivo del Consejo Consultivo. Sabía, sostienen, que era de «imposible cumplimiento». Desde el Grupo Parlamentario Popular, indican, «hemos planteado enmiendas y soluciones al respecto encaminadas a buscar fórmulas o mecanismos que permitan una jornada de 35 horas presenciales más la dedicación de las 2,5 restantes a formación o a otros cometidos». Este sistema, subrayan, «ya es efectivo» en instituciones «de distinto signo político». En esta senda, concluye el PP manchego, «hemos venido trabajando y lo seguiremos haciendo».

El Gobierno de Castilla y León ya reclamó por carta hace un año a Montoro una reunión para negociar la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios. Fue el primer Ejecutivo popular en hacerlo. Ahora el apoyo dentro del PP es mucho más generalizado.

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