Los Jordis reniegan del Golpe de Estado contra España para salir de prisión
El separatismo no juzgará a sus investigados convertidos en mártires digan lo que digan ante el Tribunal Supremo. O poco parece importarles que lo hagan. Cumpliendo con la previsión del abogado que conduce la acusación popular de VOX, Joaquím Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han comparecido «a la desesperada» y dicho «lo que sea» para lograr la libertad provisional. Acudían voluntariamente ante el magistrado que instruye el grueso de la causa por delitos de rebelión, sedición y malversación; y los tres se han despachado largo y tendido –más de dos horas por turno– sobre los hechos delictivos atribuidos por los investigadores: el juez, la Fiscalía y la Guardia Civil.
LD / Han coincidido en aquello del acatamiento de la Constitución –sorprende a las acusaciones que lo sigan viendo como una opción en vez de obligación– y en la renuncia de la unilateralidad y de cualquier tipo de violencia. Aunque, lo más relevante desde el punto de vista penal/procesal han sido los tres titulares emanados de sus declaraciones, uno por cada interrogatorio, directamente dirigidos contra el riesgo de reiteración delictiva en el que el instructor Pablo Llarena fundamentó la medida cautelar de prisión incondicional.
Primero Jordi Sánchez, diputado electo al Parlamento autonómico de Juntos por Cataluña. El líder de la ANC se ha comprometido ante el magistrado a que renunciará a su escaño si su partido, encabezado por Carles Puigdemont, insiste en la vía unilateral como camino hacia la independencia. En segundo lugar, el dirigente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart ha reconocido que el único referéndum válido sería el convocado por el Gobierno español. Por último, el exconsejero Joaquím Forn ha asegurado que no asumirá ningún cargo de Gobierno en el futuro y que actuará siempre respetando el marco legal.
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Las defensas no han presentado todavía solicitudes de libertad provisional que entregarán entre la última hora del jueves y el viernes. El magistrado espera a la recepción para resolver sobre las medidas cautelares, de forma que da por terminada la jornada y su decisión se conocerá los próximos días.
Contenido de las declaraciones
Los tres investigados citados por el Tribunal Supremo han contestado a las preguntas de sus defensas y la Fiscalía; Forn también a las cuestiones de VOX. Los interrogatorios se han practicado entre las 09:45H y las 16:10H con dos descansos de diez minutos. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Jordi Sánchez ha reconocido que «el referéndum del 1 de octubre fue ilegal» y que «no hubo actos violentos, pero sí vandálicos». También que «desde febrero de 2015 hubo una hoja de ruta entre la ANC, Ómnium, ERC y Convergencia».
En relación a su hipotética renuncia al escaño, su abogado ha aclarado que cuando su cliente decidió formar parte de Juntos por Cataluña «solicitó el programa en este aspecto en concreto. En caso de unilateralidad renunciaría al cargo de diputado porque no es en las condiciones en las que él ha aceptado presentarse». A preguntas de los medios, Jordi Pina ha matizado que «no es oportunismo, es una constante que él siempre ha manifestado».
Jordi Cuixart ha desmentido cualquier llamamiento a la violencia durante las movilizaciones convocadas por su plataforma. En base al testimonio del dirigente de Ómnium, trabajaba por el civismo con su homólogo en la ANC. Por otra parte, cree que los registros y detenciones de los pasados 20 y 21 de septiembre en la Consejería la Consejería de Economía de Barcelona fueron un «ataque a la democracia» en el que «ocurrió menos de lo que podría haber ocurrido». Aunque las entidades «solo pidieron a la gente votar en el referéndum y nadie les avisó de que cometían irregularidades».
Forn ha rechazado la tesis, apuntalada por Fiscalía y la Guardia Civil, de que los Mossos actuaron con pasividad durante los hechos del 20 y 21 de septiembre e incumplieron las órdenes del Superior de Justicia de Cataluña durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. La Justicia encomendó entonces a la Policía autonómica la misión de evitar que se produjera una votación finalmente consumada. No renuncia a sus objetivos separatistas aunque entiende que la actuación política debe ahora ir por cauces constitucionales. A su juicio, la forma en que las fuerzas de seguridad del Estado se desplazaron a Cataluña no favorecía las soluciones políticas.
Puntos de partida
La incógnita está ahora en el resultado, en el criterio del instructor que, no obstante, avisó ya de que «el peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación si sus afirmaciones resultan mendaces», es decir, que las palabras no son suficientes, «sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya desaparecido, o que paulatinamente se confirme que el cambio de voluntad es verdadero y real».
En cuanto a la circunstancia de violencia para el tipo agravado de rebelión sobre las conductas de Oriol Junqueras, Joaquím Forn y los ‘Jordis; Pablo Llarena concluyó que «aunque la mayor parte de los ciudadanos reunidos en las congregaciones actuarían impulsados solo por su convencimiento ideológico y estarían firmemente comprometidos con evitar cualquier tipo de violencia, se iban a infiltrar numerosos comportamientos agresivos».
La investigación sitúa a los ‘Jordis’ como referentes del movimiento en las calles y principales agitadores social, de forma que, de acuerdo con el auto de prisión incondicional, el riesgo de reiteración delictiva en su caso se traduce en el peligro de una «explosión violenta sin margen de corrección». En especial, su papel de incitadores se hace relevante en las protestas de los días 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando Policía y Guardia Civil ejecutaron una orden judicial de registro y detención en la Consejería de Economía de Barcelona.
Las defensas solicitarán la libertad provisional pero, referenciado el anterior auto, las palabras y explicaciones de los investigados no parecen suficiente motivo. Las posibilidades se reducen incluso más a la vista de la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que rechazó el recurso de Junqueras contra el mismo auto. Avaló las tesis de Llarena y desmontó el concepto de presos políticos, porque en España no se persiguen ideologías sino delitos.
Representación
Los protagonistas del día han sido trasladados primero a los calabozos de la Audiencia Nacional, porque el Supremo no cuenta con ese tipo de espacio y ambos órganos se encuentran a escasos metros, en la misma Plaza de la Villa de París (Madrid). Se han acercado al Alto Tribunal en un furgón de la Policía Nacional por orden de comparecencia. Han presenciado los interrogatorios ante juez las acusaciones y las defensas de todos los imputados. De hecho, Francesc Homs, el exconsejero de Presidencia inhabilitado por desobediencia en la consulta ilegal del 9-N de 2014, estaba presente en la Sala como codefensor de Meritxell Borrás.
Han representado a la Fiscalía los integrantes Fidel Cadena y Jaime Moreno. Tanto el Ministerio Público como la acusación popular que conduce VOX reclamarán la permanencia en prisión incondicional de los comparecientes. La formación política basa esta postura en que «no han cambiado ninguno de los motivos que justificaron la imposición de esta medida cautelar».
Grupos de separatistas –cada vez más reducidos– se han agolpado de nuevo en el principal acceso al Alto Tribunal. Representantes de Juntos por Cataluña –el partido convergente de Puigdemont– se han sumado hoy sí –faltaron para apoyar a Junqueras– a los miembros de ERC y de las entidades Òmnium y ANC. Por el PDeCat, la antigua Convergencia: la coordinadora Marta Pascal, Ferrán Bel y diputados en el Congreso y senadores. Por Esquerra: Joan Tardá, Ester Capella y el equipo de diputados.
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Pascal ha mandado su mensaje de ánimo: «Lo único que podemos hacer es esperar. En base a la ley no existen los delitos que se están imputando pero en todo caso estamos aquí. Nunca pierdo la esperanza». Ha confirmado que ha recibido la notificación en la que se le comunica que está investigada por esta misma causa, aunque dice que todavía no tiene fecha para ir a declarar: «Personalmente estoy muy tranquila y muy serena». Por su parte, Tardà ha querido tranquilizar a todos los catalanes: «Que nadie sufra que habrá Govern. Nadie puede dudar de que prevaldrá el cerebro».
Paralelamente a los interrogatorios, ha trascendido un nuevo impulso a las diligencias. Llarena ha citado el 1 de febrero como testigo al coronel Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de los Mossos, la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante la intervención del referéndum ilegal. Llama en la misma condición los días 30 y 31 de enero a los exconsejeros Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget. El instructor del Supremo ha reclamado nuevas pruebas tanto a la Guardia Civil como a diferentes órganos judiciales sobre la malversación y el rol que jugó la Asociación de Municipios por la Independencia bajo la presidencia de Neus Lloveras.
