Piden en bloque la dimisión del Ministro Catalá
Los juristas no consienten más la injerencia del Poder Ejecutivo. A raíz del voto particular del juez Ricardo González -que pidió la absolución de los cinco acusados del caso de La Manada-, el ministro de Justicia ha prendido la mecha: «Todos saben que tiene algún problema singular, el Consejo General del Poder Judicial debió actuar antes».
LD / Cuatro asociaciones de magistrados y tres de fiscales han reclamado en un comunicado conjunto al «inmediata dimisión» de Rafael Catalá por su actitud «especialmente escandalosa». También ha respondido el CGPJ, señalado por las palabras del ministro. José María Macías, vocal del organismo, ha dicho que no les consta el «problema singular» del juez González: «Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJnos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben».
A su juicio, las declaraciones de Catalá no contribuyen a «la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia y del poder judicial, por lo que ha pedido al ministro que aclare «lo que ha querido decir para despejar esa duda» y ha afirmado que «seguro que nada más lejos de su intención que el haberla generado».
En cuanto al comunicado de jueces y fiscales, está firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Independiente de Fiscales. Censuran la actitud del ministro de Justicia, «único ministro reprobado en nuestra democracia, quien sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado del voto particular tiene algún problema singular que todo el mundo conoce».
«Estas manifestaciones que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro deberían provocar su inmediata dimisión», concluyen las asociaciones. Añaden que «el Estado de Derecho se sustenta en el respeto a la ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los jueces y magistrados que integramos el poder judicial siendo fundamental en una sociedad democrática la confianza y el respeto hacia las instituciones».
Puntualizan los juristas que «como integrantes de uno de los tres poderes del Estado», sus decisiones «están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones». Sostienen que «la independencia judicial garantiza el sometimiento de jueces y magistrados únicamente al imperio de la ley, que emana del pueblo a través del poder legislativo, sin que en ningún caso sea posible apartarse de esa ley y actuar movidos por prejucios, juicios paralelos o presiones».
«Es comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial. Es admisible e incluso deseable que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el poder legislativo sobre las leyes que los jueces aplicamos».
El TSJN: el juez no tiene expedientes abiertos
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha destacado este lunes 30 de Abril de 2018 en una nota que el CGPJ no ha incoado ningún expediente disciplinario en el actual mandato, es decir en los últimos cuatro años, contra Ricardo González.
Según añade el TSJN, «de haber existido actuaciones disciplinarias anteriores a lo largo de sus 32 años de carrera, los antecedentes estarían cancelados según lo dispuesto por el artículo 427 de la LOPJ».
Ricardo González, fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. El juez no tiene ahora abierto ningún expediente y tampoco se ha incoado ninguno en los últimos cuatro años.
Según las sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones impuestas a González sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas, del año 2003, supuso la suspensión por un periodo de seis meses debido a la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos.
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