El Gobierno anuncia que restituirá la sanidad universal para beneficiar a los...

El Gobierno anuncia que restituirá la sanidad universal para beneficiar a los inmigrantes

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ministra Portavoz, Isabel Celaa

La sanidad universal para beneficiar a los inmigrantes que residen en España

El Gobierno anuncia que restituirá la sanidad universal para beneficiar a los inmigrantes

Isabel Celaá, ministra portavoz, ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez planea recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello, está preparando un nuevo real decreto que sustituirá al del 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que “suprimió” dicha universalidad. El real decreto se espera que pueda estar aprobado en un plazo de “seis semanas”.

“Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud”, ha avanzado la ministra. Celaá ha añadido que Rajoy dejó “sin asistencia sanitaria integral a personas en situación administrativa irregular” y que Gobierno ha acordado iniciar un proceso de diálogo con las comunidades autónomas para que apliquen el nuevo decreto y se ha mostrado segura de que tendrá una excelente acogida, dado que muchas de ellas siguieron ofreciendo sanidad a los sin papeles. “Me atrevo a pensar que, una vez tengamos el real decreto, será cumplido en todos sus puntos”, ha subrayado Celaá.

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El País / La nueva responsable de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ya avanzó las intenciones del nuevo gabinete en una entrevista con EL PAÍS el pasado día 9. “La universalidad es irrenunciable en la sanidad. Volveremos a impulsar ese derecho. Hay que regresar al origen, a la Ley General de Sanidad de 1986 de Ernest Lluch. Que todas las personas en cualquier situación que estén tengan derecho a una atención”, aseguró Montón, que ya devolvió la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles en Valencia. “Es una falacia decir que excluir a los inmigrantes beneficia al sistema”, remachó la ministra.

Celaá también ha hecho referencia al anuncio hecho ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que su intención es retirar las concertinas de Ceuta y Melilla. “Como ustedes saben, este Gobierno quiere remover las concertinas sin perder nada de seguridad”, ha dicho Celaá. Interior ha encargado un informe para preparar otros medios que “garantice la seguridad de nuestras fronteras pero sin métodos cruentos”, ha señalado Celaá, tras mandar un mensaje a Europa: Ceuta y Melilla son un problema europeo.

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Por otra parte, Celaá ha anunciado que Pedro Sánchez se reunirá con todos los presidentes de las comunidades autónomas por orden de antigüedad de su Estatuto “estrictamente”, por lo que lo hará primero con el lehendakari, Íñigo Urkullu, y después con el catalán, Quim Torra.

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Celaá ha comenzado la comparecencia hablando del barco Aquarius que, cargado de migrantes y refugiados, atracará en Valencia el domingo a las once de la mañana. A su juicio, “es un asunto europeo”. “Obviamente hemos dado puerto seguro porque las personas estaban en peligro. Son 629 personas llegarán mañana a la mañana al puerto de Valencia”, ha dicho la ministra portavoz. Después, se ha referido a la salida del Gobierno de Màxim Huerta.

“Se ha visto la fuerza y la determinación del presidente a la hora de resumir las crisis que se han producido esta semana, la crisis humanitaria y la crisis del relevo en el Ministerio de Cultura, un relevo que se ha producido en 12 horas”, ha señalado Celaá, que ha nombrado a Guirao pero no a Huerta. “Es un ejercicio de pedagogía y transparencia que nos pone al nivel que nos pone al nivel de las sociedades más exigentes”, ha señalado, para hacer hincapié en la celeridad de la decisión.

La portavoz ha dado paso después a la batería de nombramientos del segundo nivel del Ejecutivo, entre los que ha destacado el de la fiscal general del Estado, María José Segarra, el de Miguel Ángel Ballesteros como director general de Seguridad Nacional y el de Consuelo Rumí como responsable de Migraciones.

“Los nombramientos de segundo nivel también respetan la igualdad que en el primer nivel”, ha afimrado Celaá, tras subrayar el nombramiento de Segarra. El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Alejandro Tiana, es el nuevo secretario de Educación en sustitución de Marcial Marín. Fue secretario general de Educación entre 2004 y 2008, en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez. Por su parte Fernando Martín Valenzuela asume la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, mientras que Manuel Jesús Dolphla, la de Justicia.

En el turno de preguntas, ha hablado sobre a quién compete el traslado o no de los políticos presos a Cataluña tras lo dicho ayer por Marlaska y el juez Pablo Llarena. “Esta es una cuestión de matices. El Gobierno y supongo que también el juez Llarena son conscientes de que los presos en prisión provisional están a disposición del juez instructor. (…) El Gobierno lo que afirma es que los presos preventivos deben estar cerca del juez instructor. Una vez concluidas las diligencias, ciertamente la responsabilidad pasa a Instituciones Penitenciarias. Es una cuestión de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial”, ha afirmado Celaá.

También se ha referido a la petición del PP de que dimita el ministro de Agricultura, Luis Planas: “Este Gobierno ha demostrado que el nivel de exigencia es altísimo pero el ministro no tiene cuentas pendientes con la Justicia. El Gobierno tiene toda la confianza en el ministro Luis Planas, porque es un ministro absolutamente de garantía, ha trabajado siempre en el servicio público con excelentes resultados y tenemos plena confianza en él”.

Sobre el estatus que se concederá a las personas que viajan en el Aquarius, el Gobierno ha confirmado que actuará como frontera europea, lo que implica que no se pueden descartar expulsiones. Celaá ha insistido en que algunos de los 630 migrantes pueden ser expulsados y devueltos a sus países de origen, en el caso de que tengan antecedentes penales o prohibición de entrada. “Nada es descartable, todo el mundo conocerá si tiene estatus de refugiado, si es inmigrante económico, incluso si efectivamente tiene delitos que le hacen acreedor a ser expulsado”, ha precisado.

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