España es el segundo país de la UE con más trabas comerciales
La Comisión Europea ha publicado recientemente un estudio con el que pretende medir el grado de flexibilidad vigente en el ámbito de la distribución.
De acuerdo con este informe, España es el segundo país de la UE-28 con más trabas a la operativa de los comercios, según han informado desde el diario LM.
El trabajo de los técnicos comunitarios desglosa cinco categorías de estudio:
- Frenos a la libertad de horarios comerciales
- Restricciones a los canales de distribución
- Normas que limitan las ventas con promoción
- Impuestos específicos aplicados al sector de la distribución
- Leyes que constriñan la relación con los proveedores
Así pues, tras estudiar estas cinco variables, la Comisión Europea encuentra que Francia y España son los dos países que más difícil se lo ponen a los comercios para funcionar día a día. Las trabas también son elevadas en Rumanía, Austria, Portugal, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Alemania, Grecia, Malta o Italia.
En la zona media de la tabla nos topamos con Polonia, Finlandia, República Chea, Países Bajos, Eslovenia, Letonia, Bulgaria, Lituania o Eslovaquia. El informe encuentra que las trabas son menores en Dinamarca, Reino Unido y Croacia. El póker de ases sería el que conforman Hungría, Estonia e Irlanda, que obtienen el mejor resultado del ranking y brindan a los negocios un marco de total flexibilidad, salvando ciertas restricciones a los canales de distribución.
Fragmentación de mercado e hiperregulación
La Comisión Europea carga en su informe contra las distintas barreras que imponen las comunidades autónomas españolas a la operativa de los comercios. Según el documento, «la acumulación de diferentes marcos regulatorios tiene un impacto muy negativo en la eficiencia del sector, los precios y la competencia».
Como recuerdan los datos recopilados por Foro Regulación Inteligente, «los boletines oficiales autonómicos suman anualmente entre 700.000 y 800.000 páginas. De hecho, hay más de 2.700 normas en vigor que fragmentan la unidad de mercado en España». El coste de esta dispersión normativa asciende a 45.000 millones.
